La ciudadanía defendió la justicia; ahora corresponde fortalecerla
Este recién pasado 6 de agosto, Costa Rica vivió una manifestación profundamente democrática.
En el Plantón por la Justicia y la Democracia, ciudadanos, organizaciones sociales y agrupaciones vinculadas al Poder Judicial coincidimos en una consigna fundamental: defender la independencia judicial, la separación de poderes y el derecho de todas las personas a contar con tribunales libres de presiones.
Pero conviene entender bien aquel mensaje. La ciudadanía no salió a defender privilegios. Tampoco dijo que el Poder Judicial funciona perfectamente y que nada debe cambiar. Todo lo contrario.
Defender la independencia judicial también significa exigir una justicia más eficiente, transparente, cercana y capaz de responder oportunamente a las necesidades de la población, pero libre de presiones que puedan torcer la justicia. Porque cuando una persona juzgadora no puede resolver con absoluta independencia, quien pierde no es el juez o la jueza. Pierde la víctima que espera protección; la mujer que procura vivir sin violencia; la persona trabajadora que reclama sus derechos; la familia que espera una solución; cualquier ciudadano que necesita encontrar en la justicia un límite frente al abuso del poder y gana la corrupción, la criminalidad y la impunidad.
Por eso, desde la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) hemos defendido con firmeza la independencia judicial. Hemos alzado la voz ante los ataques, las amenazas, las descalificaciones y cualquier intento de debilitar la autonomía del Poder Judicial. Hemos denunciado situaciones corregibles o indebidas. Nunca hemos sido complacientes.
La mora judicial, el interinazgo prolongado, las debilidades en los sistemas de nombramiento, el régimen disciplinario y la rendición de cuentas, y mejorar la respuesta frente a la criminalidad, entre otros, son retos que debemos enfrentar.
En el 2017, la Corte Plena aprobó un programa de transformaciones urgentes. Nueve años después, existen avances, pero también reformas inconclusas y compromisos cuyo grado de cumplimiento la ciudadanía merece conocer.
Por eso, tras el Plantón, ACOJUD pidió a la Corte Plena retomar esa agenda, establecer prioridades y definir un cronograma de resultados verificables, lo cual debe ir aparejado de un diálogo real con quienes integran el sistema de justicia, con la academia y con la sociedad.
Lo anterior respondería al respaldo ciudadano del 6 de agosto, el cual debe de recibirse con gratitud, pero también con humildad y responsabilidad. Porque no fue una carta en blanco. Fue la defensa de una institución indispensable para nuestra democracia y, al mismo tiempo, una exigencia para mejorarla.
La respuesta frente a quienes pretenden debilitar al Poder Judicial no puede ser únicamente defenderlo. Debemos de transformarlo y fortalecerlo. Eso sí, con el procedimiento debido.
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