Los ofrecimientos en la campaña electoral, contrastados con los 100 días de gobierno
Para efectos de este comentario he escogido comentar sobre dos temas concretos, la entrega del ROP y el ofrecimiento de no aumentar impuestos.
En campaña, la candidata Laura Fernández, si bien se mostró cautelosa al referirse a la entrega del ROP, sí manifestó y defendió que el dinero del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROPC) debe entregarse a los adultos mayores, pero bajo un análisis técnico adecuado para evitar perjuicios económicos
Sin embargo ya en el poder, su administración dejó fuera los proyectos de ley convocados el retiro acelerado del ROP de las convocatorias prioritarias en el Congreso.
Voceros económicos del gobierno han señalado que entregar de golpe el ROP desestabilizaría indicadores clave como la inflación y las tasas de interés locales. Es decir se privilegia factores macroeconómicos y fiscales sobre los microeconómicos, es decir, el impacto que tendría en las personas al no recibir en tiempo sus ahorros.
El otro tema abordado en la pasada campaña electoral fue el no aumentar impuestos pero el Gobierno pretende gravar con el IVA, los productos de la canasta básica. Argumentando que mantener una exención es una medida injusta y regresiva, ya que los hogares de mayores ingresos reciben el mismo beneficio fiscal que las familias pobres al comprar productos básicos.
Ese argumento evidentemente luce falaz pues presume que los integrantes de la clase alta consumen masivamente los productos de la canasta básica. Sostiene que una parte importante del subsidio por la tarifa reducida termina beneficiando a los deciles más ricos de la población, lo cual distorsiona el propósito social del tributo. Lo que sí distorsiona el propósito social, es seguir haciendo recaer sobre los sectores menos favorecidos el peso de una gestión gubernamental que por décadasha sido ineficiente. Es una práctica muy añeja, junto con el desbordado endeudamiento.
Es evidente que la medida busca incrementar los ingresos fiscales a costa de los integrantes de las clases bajas y medias; tal como paso, cuando para sanear las finanzas públicas, se transformó del impuesto de ventas al implementada formalmente en julio de 2019, mediante Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley No. 9635.
En 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) emitieron opiniones que destacaron la fuerte resiliencia, la solidez del crecimiento económico y el notable dinamismo exportador de Costa Rica frente a un adverso contexto internacional, caracterizado por una alta inflación mundial. Ambos organismos coincidieron en que la economía costarricense mostró un desempeño macroeconómico superior al promedio regional, superando los embates de la crisis postpandemia.
Dado lo anterior, en 2022, la situación de las finanzas públicas y el crecimiento económico eran satisfactorias, según esas instituciones financieras mundiales lo señalaron, por lo que, lo procedente hubiera sido haber aplicado una gestión eficiente al uso de los recursos públicos, haber apoyado el crecimiento de la producción nacional, principalmente, a través del sector privado y haber buscado nuevas fuentes frescas no tributarias de financiamiento pero parece que se opta por lo mismo de siempre, poner más impuestos regresivos.
Si el gobierno lamentablemente persiste en su intención de cobrar un impuesto generalizado a los productos de la canasta básica, por pura matemática de volumen, la gran mayoría de los colones recaudados saldrían obligatoriamente de los bolsillos de la clase baja y media. Dado que no hay suficientes personas ricas en el país, ni consumen tanto volumen de alimentos básicos, como para que ellos representen una parte significativa de esa nueva recaudación.
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