Sobre la venta del Banco De Costa Rica
Desde hace 20 años se han presentado propuestas para la venta del Banco de Costa Rica (BCR). Actualmente –y desde la perspectiva del nuevo gobierno- se menciona que con dicha venta se podrían atender temas relacionados con el pago de la deuda pública y con la posibilidad de inyectar recursos al régimen de pensiones. El futuro del BCR, como de cualquier otra institución pública, debe tratarse con mucha cautela, midiéndose responsablemente los impactos que podrían conllevar este hecho, empezando por tres aspectos relevantes, el primero: la certeza sobre el valor real del banco (dado que para algunos expertos todavía no se ha estimado correctamente dicho valor), segundo: si realmente el proceso de venta vale la pena desde el punto de vista del costo–beneficio para el Estado, y tercero: la tensión política y social que generaría la discusión de este proceso a lo interno de la Asamblea Legislativa y en los movimientos sociales opositores.
Conforme con la democracia, no debería rechazarse de plano ninguna propuesta gubernamental sobre el futuro del BCR, siempre y cuando se ponga el acento en el mayor bienestar para el país, pero tampoco puede dejarse de lado la preocupación de diversos sectores que se oponen a la venta, porque estiman que es una entidad altamente rentable, con una importante proyección a nivel nacional, sobre todo rural, y porque algunos consideran que la posible venta del BCR podría estar proyectada en menos de un 20% del valor real de sus activos. Con este panorama, una eventual venta del BCR debe tener fundamentación técnica suficiente porque de lo contrario podría acarrear riesgos económicos, sociales y laborales, incluyendo los posibles efectos sobre la competencia en el sistema financiero, el acceso al crédito para sectores productivos y pymes, así como la estabilidad macrofinanciera.
Finalmente, justificar la venta de BCR para el pago de la deuda del país es un tema que también se ha cuestionado muchísimo, debido a que el valor pretendido con la venta, unos 1.750 millones de dólares, representa apenas un 5% del monto de esa deuda que ronda los 38.500 millones de dólares. Este es un dato que el país debe analizar cuidadosamente para no cometer el mismo error de otros países latinoamericanos que en décadas atrás vendieron sus activos y no lograron reducir sus obligaciones.
Sustituir un flujo sostenido de utilidades públicas – omo la advirtió la Universidad de Costa Rica- por un ingreso único y transitorio podría debilitar la capacidad del Estado para impulsar políticas de desarrollo en el mediano y largo plazo y no puede perderse de vista – en tal sentido – el valor estratégico de la banca pública como instrumento para promover inclusión financiera, innovación, infraestructura y agendas territoriales.
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