Recortar presupuesto al OIJ es fortalecer al crimen organizado
Costa Rica atraviesa una de las etapas más graves de violencia criminal de su historia reciente. El narcotráfico, los homicidios por encargo, el lavado de dinero y las organizaciones delictivas disputan territorios, amenazan comunidades y desafían abiertamente la autoridad del Estado. En semejante escenario, recortar los recursos destinados al Organismo de Investigación Judicial no constituye una simple decisión contable: es debilitar deliberadamente la capacidad del país para investigar delitos, desarticular estructuras criminales y proteger a la ciudadanía honesta.
El fiscal general, Carlo Díaz, ha advertido que el recorte comprometerá la capacidad para contener el crimen organizado. El director del OIJ, Michael Soto, ha señalado que esa disminución presupuestaria podría conducir al país al caos. No son advertencias menores ni declaraciones improvisadas. Provienen de quienes conocen directamente la dimensión de la amenaza y las necesidades reales de la investigación criminal.
El magistrado Jorge Araya formuló la pregunta que las autoridades responsables del recorte deben contestar ante el país: ¿a favor de quién están: del crimen organizado y el narcotráfico o de los ciudadanos honestos?
La magistrada Patricia Solano expuso una realidad todavía más preocupante: cuanto mejor trabaje el OIJ, más fuerte pretenden golpearlo para impedir que cuente con los recursos necesarios. ¡Así o más claro!
No se puede proclamar una guerra contra la criminalidad mientras se desarma presupuestariamente a quienes deben combatirla. No se puede exigir al OIJ más allanamientos, investigaciones, capturas y resultados, mientras se le niegan personal, tecnología, vehículos, capacitación y recursos operativos.
Eso no es austeridad: es una contradicción irresponsable que favorece objetivamente a quienes viven del delito. Cada colón que se le niega a la investigación criminal puede traducirse en menos agentes en las calles, investigaciones retrasadas, pruebas que no se procesan oportunamente y organizaciones delictivas que continúan actuando con impunidad.
El crimen organizado posee dinero, armas, tecnología y capacidad para corromper. Frente a esa amenaza, el Estado no puede responder con discursos vacíos ni con recortes presupuestarios. Debe fortalecer al OIJ, al Ministerio Público y a todas las instituciones responsables de investigar, perseguir y juzgar la delincuencia. Quienes promuevan o toleren este debilitamiento deberán asumir su responsabilidad política frente a las consecuencias. La seguridad nacional no puede convertirse en moneda de cambio ni quedar sometida a cálculos partidarios.
Costa Rica debe escoger: o fortalece decididamente a sus instituciones de justicia, o deja el camino despejado al narcotráfico y al crimen organizado. Recortar al OIJ no castiga a la burocracia. Castiga al ciudadano honesto, desprotege a las comunidades y beneficia al delincuente. ¡
¡Con la seguridad del pueblo no se juega!
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