Un ejemplo efectivo de las bondades de una legislación y una advertencia acerca de medidas administrativas sin control judicial
Recién celebrados los veinte años del Código Procesal Contencioso-Administrativo, el cual facilita las acciones contra el Estado y, entre otras mejoras, además da acceso a toda una serie de medidas cautelares, nos sorprende gratamente una interesante noticia.
El asesor legal de la Tesorería Nacional, quien en el correcto ejercicio de su cargo no se sometió a caprichos ni a circunstancias que consideró jurídicamente inapropiadas -ejerciendo en beneficio del Ordenamiento Jurídico su asesoría, tal como corresponde según las normas administrativas y penales- y tampoco, como otros, que hicieron el tonto, fue objeto de una represalia y removido de su cargo.
Fiel a su profesión, el indicado asesor legal promovió demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo y el respectivo Tribunal acogió la medida cautelar provisionalísima, suspendiendo la remoción del indicado asesor legal de la Tesorería.
Esperamos con atención el desenlace de este importante asunto. Su definitiva resolución marcará y revelará si imperará el Derecho o el capricho, si los tribunales determinan que el funcionario plantado se queda en su cargo, vigilando y promoviendo el Derecho en el funcionamiento de la Tesorería o si al final se impondrá otra forma de manejar los fondos públicos.
Estas cuestiones nos llevan a pensar en otras cosas que se están proponiendo por parte de las mismas autoridades que intentaron remover al funcionario que se opuso a su capricho.
Nos referimos a la propuesta de aprobar por ley la posibilidad de embargo administrativo -o sea, sin que pase por pronunciamiento ni vigilancia judicial-.
Ciertamente, luego del ejemplo anterior, cualquier persona razonable no tendría más remedio que oponerse a esta posibilidad. Si por las vísperas se saca el día, es claro que no puede dejarse al capricho de quienes manejan esta o cualquier administración la posibilidad de ordenar embargos sin control judicial.
Celebramos el valor del asesor legal de la Tesorería que no se sometió al capricho sino que lucha por que impere el Derecho, celebramos la resolución judicial que suspendió su remoción y lo mantiene en el cargo mientras se discute el asunto.
Nos damos por notificados del peligro de poner en manos del capricho la posibilidad de embargo administrativo.
Es obvio que es preferible una Justicia sólida, independiente y valiente, que garantice el derecho de todos los costarricenses.
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