La democracia no se defiende con consignas, sino con convicciones
Costa Rica atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente en materia de seguridad ciudadana. La penetración del narcotráfico en la estructura social y económica del país ha dejado de ser una advertencia para convertirse en una realidad cotidiana.
La crítica a las instituciones públicas es legítima y necesaria en toda democracia. Ningún poder del Estado debe estar exento del escrutinio ciudadano. Ahora bien, el Poder Judicial no pertenece a un gobierno, a un partido político ni a un grupo ideológico. Pertenece a la República. Su independencia constituye una garantía para todos los ciudadanos, independientemente de sus preferencias políticas.
En distintos momentos y bajo distintas ideologías, líderes de izquierda y de derecha han utilizado el descrédito sistemático de las instituciones para concentrar poder. Algunos lo hicieron invocando la justicia social; otros, la lucha contra las élites o contra la corrupción. Cambian los discursos, cambian las banderas y cambian los colores políticos, pero el resultado es, en muchos casos, el mismo: debilitamiento institucional, concentración del poder y deterioro de las libertades democráticas.
Cuando el populismo sustituye el debate racional por la emoción colectiva; cuando cambia los argumentos por consignas; cuando busca convertir a las instituciones en enemigos del pueblo para fortalecer una figura, cuando las reglas dejan de importar más que quien momentáneamente las dirige. Ahí emerge el real riesgo para cualquier democracia.
Después de 201 años, la Anexión del Partido de Nicoya representa uno de los episodios más extraordinarios de nuestra historia porque fue una decisión adoptada por la voluntad de un pueblo y no por la imposición de la fuerza. Fue una elección construida desde la libertad, el diálogo y la convicción, no desde la violencia, el autoritarismo ni la intimidación. Por eso, hoy debemos respondernos.
¿Queremos una Costa Rica donde la política se reduzca a discursos incendiarios que dividan a la sociedad entre buenos y malos? ¿Queremos una democracia en la que los aplausos sustituyan el análisis, donde las emociones prevalezcan sobre las instituciones y donde la popularidad momentánea se imponga al respeto por la Constitución? ¿O queremos un país donde las diferencias políticas se resuelvan mediante el diálogo, el fortalecimiento institucional y el respeto irrestricto a la división de poderes?
La pregunta no es qué dirigente político moviliza autobuses llenos de fanáticos como si se tratara de una secta. La verdadera pregunta es mucho más profunda: ¿qué tipo de República queremos construir?
Los desafíos de hoy NO se resolverán debilitando las instituciones que precisamente deben garantizar el orden jurídico y la convivencia democrática. Al contrario, el momento exige fortalecerlas, dotarlas de recursos suficientes y exigirles resultados con responsabilidad y dentro del marco constitucional.
Así como hace más de dos siglos la voluntad libre de un pueblo definió un rumbo para Costa Rica, hoy también debe ser nuestra propia voluntad —informada, reflexiva y comprometida con la democracia— la que determine el modelo de país que aspiramos a legar.
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