El tsunami del Ejecutivo contra la Junta Directiva del Banco Nacional
Lo sucedido con la remoción por parte del Poder Ejecutivo de toda la Junta Directiva del Banco Nacional es un evento de trascendencia significativa.
La Ley del Sistema Bancario Nacional y la Constitución Política, le dan la facultad al Consejo de Gobierno, de nombrar los miembros de las Juntas Directivas, pero también es clarísimo que su remoción solo puede darse respetando los artículos 24 y 25 de dicha ley, lo que literalmente requiere un informe de la SUGEF que demuestre algún tipo de incumplimiento de deberes o falta de requisitos de idoneidad, entre otros.
Pero con independencia de este tema, lo más grave es la violación que se hace de la Constitución Política y la Ley del Sistema Bancario Nacional, del principio fundamental de las entidades autónomas, en cuanto a su independencia administrativa y de gobierno con respecto al Poder Ejecutivo.
El ordenamiento jurídico vigente, define claramente que la atribución del nombramiento de la Gerencia General del Banco es exclusiva y de absoluta responsabilidad de la Junta Directiva.
El Banco Nacional es la entidad más grande de nuestro Sistema Financiero, y, por tanto, su comportamiento positivo o negativo, tiene incidencia sistémica en el resto del sector.
A nivel internacional, los sanos principios de gobierno corporativo sostienen como vértice de dicha estructura, la independencia, idoneidad, ausencia de conflicto de interes, entre ellos de carácter político, así como la libertad y objetividad para tomar sus propios criterios de decisión de los miembros de las juntas directivas, pensando en la seguridad y solvencia de la entidad que representan.
Finalmente, el nombramiento abrupto de una nueva Junta Directiva, sin haber explícitamente validado sus condiciones de idoneidad, experiencia o ligámenes de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta tercer grado con otros funcionarios pertenecientes a entidades públicas o competidoras en materia bancaria y financiera, deja aún más incierta y nebulosa toda la actuación del Ejecutivo.
En un mercado financiero perfecto, una actuación precipitada y en mi criterio, ilegal, como la que vimos la semana pasada, ya hubiese provocado una caída estrepitosa en el valor patrimonial de la entidad.
Para nuestra fortuna no estamos bajo esas condiciones y además, el Banco Nacional es una institución financiera sólida con más de 110 años de existencia y su Alta Administración podrá continuar manteniendo la operación sin problemas, pero la imagen internacional y la reputación de la actuación del Ejecutivo en cuanto a respetar la Constitución Política, la legislación bancaria, la independencia administrativa de los entes autónomos y en general, nuestro Estado Social de Derecho, nos pone en advertencia del estilo de dirección que caracteriza al Presidente Chaves.
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