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El Salvador pasó, en menos de una década, de ser considerado uno de los países más violentos del mundo a convertirse en un caso de estudio internacional sobre seguridad pública.

Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, el país redujo drásticamente los homicidios, debilitó el poder territorial de las pandillas y recuperó espacios públicos que durante años estuvieron dominados por el miedo. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios pasó de más de 100 por cada 100 mil habitantes en 2015 a menos de 2 en 2024.

Para miles de salvadoreños, el cambio ha sido real. Comerciantes volvieron a abrir negocios, aumentó el turismo y muchas comunidades recuperaron tranquilidad después de décadas marcadas por las extorsiones y la violencia de las maras. Incluso organismos internacionales y analistas reconocen que la percepción de seguridad mejoró notablemente.

Escuchemos a Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Sin embargo, ese modelo también ha generado fuertes críticas dentro y fuera de El Salvador. El principal instrumento del gobierno ha sido el llamado “régimen de excepción”, vigente desde 2022 y prorrogado decenas de veces por la Asamblea Legislativa. Bajo este mecanismo se suspendieron garantías constitucionales y se realizaron arrestos masivos de presuntos pandilleros. Más de 80 mil personas han sido detenidas.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denuncian detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia y violaciones al debido proceso. También señalan preocupación por la concentración de poder alrededor de Bukele, luego de que el oficialismo consolidara control sobre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia.

Escuchemos a Oscar Martínez, jefe de redacción del medio de comunicación EL FARO.

El debate hoy en América Latina gira alrededor de una pregunta incómoda: ¿hasta dónde está dispuesta una sociedad a limitar libertades democráticas a cambio de seguridad?

Para algunos, Bukele representa un liderazgo fuerte que logró resultados donde otros fracasaron. Para otros, es la construcción de un modelo autoritario que debilita la institucionalidad democrática.

El fenómeno salvadoreño divide opiniones, pero nadie puede negar que cambió la conversación regional sobre seguridad, poder político y democracia.

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