Diputados al servicio de quién
La reciente votación sobre el levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves volvió a dejar en evidencia una de las crisis más graves de nuestro sistema político: la ineficacia y falta de compromiso de algunos diputados con los intereses del país. No es un secreto que quienes logran una curul lo hacen bajo la bandera de un partido político, pero una vez instalados en la Asamblea Legislativa, dejan de lado las promesas al electorado y terminan persiguiendo intereses personales o respondiendo a presiones externas. Aunque no corresponde al Congreso juzgar al presidente, le competía levantar la inmunidad para que diera la cara a la justicia y respondiera ante las acusaciones, como cualquier otro ciudadano. Lo contrario a lo sucedido con esa minoría de diputados, si hubiera hecho que hubiera justicia para unos y para otros.
El caso del Partido Unidad Social Cristiana es ilustrativo. Cinco de sus nueve legisladores desoyeron la línea partidaria y votaron en contra de levantar el fuero presidencial, decisión que resultó clave para que el mandatario no enfrente, por ahora, un proceso penal. El resultado no solo fracturó a la fracción, sino que expuso a la ciudadanía una política motivada por posibles cálculos individuales, eventuales favores políticos y cuidado si no hasta presiones o algún tipo de extorsiones.
El daño es profundo. Por un lado, se erosiona la confianza ciudadana en los partidos como instituciones que articulan propuestas, sostienen y defienden principios. Por otro, se debilita la democracia al convertir al parlamento en un espacio donde evidentemente prima el criterio personalista y no la representación responsable de los ciudadanos. Cuando los diputados negocian lealtades a cambio de puestos o ventajas futuras, la Asamblea Legislativa deja de ser el contrapeso necesario al poder presidencial y se transforma en un terreno fértil para el cogobierno informal, la complacencia y la impunidad.
El problema de fondo no es nuevo. Cada cuatro años, la ciudadanía elige diputados en listas cerradas confeccionadas por las cúpulas partidarias. Muchas veces, los votantes ni siquiera conocen a quienes resultan electos. Esa distancia entre elector y representante crea el caldo de cultivo para que algunos legisladores se sientan como si fueran dueños de la curul y no responsables ante la gente que los eligió y debería fiscalizarlos.
Por eso, la conclusión es clara: si queremos un parlamento eficaz, con diputados que rindan cuentas y actúen pensando en el bien común, debemos repensar el sistema de elección. Costa Rica necesita instaurar una verdadera carrera parlamentaria, donde la ciudadanía escoja directamente a sus congresistas, evaluando méritos, trayectoria y compromiso, y donde la reelección dependa del desempeño real y no de favores políticos.
El futuro democrático del país no puede seguir en manos de algunos diputados que, votan no en función de sus representantes, sino que se pliegan a intereses ajenos, presiones o simplemente olvidan para qué fueron electos.
Es hora de cambiar las reglas del juego para que el pueblo tenga el derecho de escoger directamente a sus eventuales representantes.
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