COVID-19 y pacto social
El país está sometido a un estado de emergencia nacional también en una dimensión socio-económica nunca vista que se agrava cada día, la cual llevará a nuestra sociedad a un estadío de completo desorden social y económico. No han sido los conflictos militares, ni los ataques terroristas. Ha sido un simple nano-virus que ha puesto de rodillas a la humanidad. Y Costa Rica no es la excepción.
Ante las disposiciones laborales recientes, resulta obvio que al enviar a presidio doméstico a nuestra fuerza laboral, la estabilidad financiera del país es impactada en muy diversas formas: el trabajador de planta ahora aislado en su casa, recibe el 50% o el 25% de su salario.
Dinero que solo le alcanza para comer y atender las necesidades básicas de su familia, pues hay que pagar servicios vitales: electricidad, agua y cable. Ya no alcanza para el alquiler, ni la moto, ni los muebles. Contratos inválidos legalmente ante la magnitud y naturaleza de la emergencia nacional. Por ello no habrá juez que tramite una demanda contra el infractor, pues impulsa el descontento popular que se volvería incontenible y más caótico.
En otro ámbito, el joven ingeniero que envían a su casa con ese medio sueldo, tampoco puede hacerle frente al pago de ciento ochenta mil colones de su vehículo, ni al medio millón de su casa. Ejemplos de los compatriotas que están sufriendo hoy un futuro gris en su economía familiar, donde anhelos y sueños se están desmoronando con pocas oportunidades de salir adelante bajo las decisiones gubernamentales recientes. Por su parte la empresa automotriz, el dueño de casa, el empresario inmobiliario, la cadena de almacenes y hasta el banco privado, deben sostener su planilla y sus almacenes abiertos. Ellos también, dentro de nuestro estado de derecho, tienen garantías que debe proteger el Estado.
No deseamos llegar a ver asaltos por hambre a los almacenes y personas. A eso nos exponemos si no encontramos una solución de fondo. ¿Cuál debe ser para evitar caer en un abismo social irreversible? En mi criterio, impulsar todos los sectores –sin esperar al Gobierno- un pacto social novedoso, el cual debe considerar en su inicio una reducción de al menos el 50% de las tasas de interés de todos los créditos privados y de los alquileres habitacionales.
Un pacto social que permita coexistir a la empresa privada, al pequeño y gran empresario; que surja de la comprensión del sindicalista, del maestro y del ingeniero, del peón agrícola y del técnico de fábrica, del comerciante y del transportista, pasando por los empresarios y la banca privada, incluyendo el grueso sector financiero paralelo que mantiene abultadas carteras de crédito sobre el empleado público y el hombre-común.
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