No es golpe de Estado, es Derecho a la Justicia
La medida provisional y extraordinaria, extendiendo el plazo de los magistrados suplentes, fue tomada por la Sala Constitucional ante una situación extrema y en ejercicio de su jurisdicción.
Dicha medida, que garantiza el servicio público de la Justicia, se resolvió como una solución ante la intransigencia de la fracción oficialista que, en manifiesto abuso de su mayoría circunstancial, bloqueó el debido nombramiento de acuerdo con la normativa constitucional.
Dicha actitud diputadil sí pareciera estar cercano a un golpe de Estado, porque desatiende la normativa constitucional, porque pone en riesgo el Derecho a la Justicia y porque lesiona directamente el acceso a la Justicia Constitucional, deteriorando el valor de los derechos fundamentales.
Ciertamente, el recurso de Amparo, tan importante en nuestros días, el recurso de Hábeas Corpus, esencial para la libertad, y la acción de Inconstitucionalidad, indispensable para garantizar el contenido constitucional, sufren importante lesión con el desatino con que ha actuado el aludido grupo de diputados. Su desafortunado actuar capricho y deseo de imposición por el número, sí lesiona el Estado de Derecho, la primacía constitucional, el acceso a la Justicia, el orden constitucional y el funcionamiento adecuado del Estado costarricense.
La decisión judicial, en cambio, es un remedio jurídico ante una conducta evidentemente reprobable y hasta si se quiere abusiva.
Nada tiene que hacer el Poder Ejecutivo en esta cuestión, adecuadamente zanjada por decisión judicial en plena jurisdicción. Su conducta, sin embargo, recuerda el papel de Yago en la obra Otelo, encarnando una peligrosa instigación en un momento en que se requiere otra actitud.
Intenta más cometer un golpe de Estado quien desatiende sus deberes, quien violenta el acceso a la Justicia, quien pretende que no se aplique la Constitución ni se respeten los derechos fundamentales. Jamás estaría cometiendo un golpe de Estado quien asume sus deberes, quien busca garantizar el acceso a la Justicia, quien se sacude del yugo opresor ni quien busca soluciones que buscan el bienestar de los costarricenses.
Por culpa de una fracción la Asamblea Legislativa que evidentemente resulta omisa en sus deberes constitucionales, debemos dar gracias a Dios de que la Sala Constitucional sí ha tenido solución, capacidad y vocación de servicio público para garantizar la continuidad de la Justicia y el orden constitucional.
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