La democracia no se fortalece debilitando instituciones
La Cámara Nacional de Radiodifusión, CANARA, expresa su preocupación ante las propuestas del Poder Ejecutivo para reducir los presupuestos de instituciones fundamentales para el equilibrio democrático del país, entre ellas el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y, de manera especial, el Tribunal Supremo de Elecciones.
Costa Rica necesita un Estado eficiente, responsable en el uso de los recursos públicos y comprometido con la sostenibilidad de las finanzas nacionales. Ese objetivo merece el respaldo de toda la sociedad. Sin embargo, no debe confundirse la necesaria búsqueda de eficiencia con el debilitamiento de las instituciones encargadas de garantizar los frenos y contrapesos propios de una democracia.
Las entidades que fiscalizan el uso de los recursos públicos, protegen los derechos de los habitantes, administran justicia o garantizan procesos electorales transparentes no constituyen un gasto prescindible. Deben rendir cuentas, ser transparentes y mejorar continuamente, pero también contar con los recursos necesarios para cumplir adecuadamente su misión.
Resulta especialmente relevante preservar la fortaleza del Tribunal Supremo de Elecciones en un momento en que el país se encamina hacia un nuevo proceso electoral municipal. La confianza ciudadana en las elecciones depende, en buena medida, de la independencia y capacidad operativa de la institución llamada a organizarlas y arbitrarlas.
La historia demuestra que cuando los mecanismos de control se debilitan, aumentan los riesgos de corrupción, disminuye la transparencia y se deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Por ello, lejos de reducir los espacios y herramientas de fiscalización, corresponde fortalecerlos y asegurar su adecuado funcionamiento.
Costa Rica ha construido su prestigio democrático sobre la fortaleza de sus instituciones, la independencia de sus poderes y la existencia de organismos de control capaces de actuar con autonomía. En distintos momentos también se han cuestionado otros actores esenciales para la democracia, como los medios de comunicación privados, gratuitos, libres e independientes, cuya labor fiscalizadora resulta igualmente indispensable para una sociedad abierta.
CANARA hace un respetuoso llamado a los diputados de la República para que analicen estas decisiones con visión de Estado. La eficiencia del sector público es un objetivo legítimo, pero nunca debe alcanzarse a costa de debilitar los mecanismos que protegen la transparencia, la legalidad y la democracia costarricense.
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