Las promesas electorales, un ejercicio de reflexión obligatoria
Antes de lanzar propuestas en una campaña política, los candidatos tienen la obligación ética y práctica de reflexionar sobre cada promesa. No se trata únicamente de entusiasmar al electorado, sino de garantizar que los compromisos sean viables frente a las realidades políticas y económicas que enfrentarán al asumir el poder.
La estrategia de guardar silencio o prometer sin medir las consecuencias genera expectativas desmesuradas que, al no cumplirse, erosionan la confianza ciudadana y debilitan la legitimidad de nuestro sistema democrático.
Las campañas electorales son escenarios donde predominan la esperanza y los ideales. Los candidatos presentan propuestas ambiciosas que buscan transformar la realidad y conectar con las aspiraciones ciudadanas. Sin embargo, cuando llega el momento de gobernar, la distancia entre lo prometido y lo posible se hace evidente. Esta brecha no siempre obedece a falta de voluntad, sino a las condiciones políticas y económicas que limitan la acción gubernamental.
Cualquier promesa electoral suelen enfrentarse a la necesidad —odiosa para algunos— de construir consensos. Por ello, para cualquier proyecto transformador de nuestra nación se requiere de liderazgos solidos forjados en campaña electoral, que, al encontrar posiblemente una Asamblea Legislativa dividida, se pueda caminar en la senda del bienestar requerido para nuestro país.
De no ser así, las reformas estructurales que parecían viables en campaña se diluyen en negociaciones, ajustes y concesiones para garantizar gobernabilidad.
El idealismo inicial se convierte en pragmatismo, y el gobierno termina priorizando la estabilidad sobre la ruptura, adoptando un rol más normalizador que innovador o revolucionario, que fue prometido en campaña.
Si la política impone límites, la economía los refuerza. Las condiciones macroeconómicas, la disponibilidad de recursos fiscales y las fluctuaciones de los mercados internacionales condicionan cualquier programa de gobierno. En muchos casos, los planes de protección social y las reformas tributarias deben ajustarse únicamente para evitar desequilibrios financieros. De ahí que gobernar implique priorizar con sensatez la estabilidad económica para prevenir crisis que afecten a toda la población, especialmente a los más vulnerables.
De igual forma, todos los ciudadanos tienen un compromiso ineludible: ejercer un voto responsable y razonado. Esto significa analizar las propuestas, cuestionar su viabilidad y reflexionar sobre las consecuencias de cada decisión. El voto no debe ser un acto impulsivo, sino una expresión consciente que contribuya a fortalecer la democracia y, posteriormente, exigir coherencia al gobernante entre lo prometido en campaña y lo ejecutado.
Finalmente, debemos motivarnos en la fiesta electoral, recordando que cada voto cuenta y define el rumbo de nuestro país. A su vez, reiterar a los candidatos la importancia de reflexionar sobre sus promesas frente a las realidades que enfrentarán, y a los votantes, la responsabilidad de elegir con criterio. Solo así, como país, lograremos un equilibrio entre las aspiraciones electorales y la gestión de gobierno, evitando que la distancia entre la utopía y el poder se convierta nuevamente en una frustración colectiva.
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