La Constitución Política de 1949 y las leyes de la república marcan la cancha
Los gobernantes están obligados a respetar el principio de legalidad y a atender los asuntos de estado. Los servidores públicos no pueden hacer lo que no están autorizados específicamente a realizar por el marco legal. Comenzamos a observar cómo la Sala Constitucional ha comenzado a emitir sentencias en contra del actuar de las autoridades.
Los gobernantes deben de recordar a don Ricardo Jiménez Oreamuno, cuando señalaba que los gobernantes no pueden ir en contra de la voluntad de los gobernados. Que si ya es difícil gobernar con su apoyo no es posible gobernar en su contra.
Después de un encierro social en el que se han cerrado empresas sin contemplar las consecuencias económicas, laborales y fiscales de esa medida, después de imponer reducción a la circulación de vehículos, después de señalar el peligro de que las personas trabajen en oficinas, uno se pregunta si el sentido común ha abandonado a nuestros gobernantes.
Yo me he preguntado en qué estriban las diferencias de las medidas sanitarias de aquellos trabajadores públicos, que si pueden ir a trabajar y mantener abiertas sus oficinas y de las del sector privado, debe cerrar sus puertas y esperar pacientemente la ruina. ¿Cuál es la diferencia de los protocolos? ¿Por qué no puede abrir la empresa privada sus tiendas, siguiendo las medidas sanitarias tan efectivas que aparentemente han adoptado las oficinas públicas para su operación?
La policía ha comenzado a dar muestras de perder la calma y compostura. Este es un craso e imperdonable error de parte de las autoridades. Este es un error que sirve para exasperar a los gobernados. En estas circunstancias sociales presentes muchas veces es mejor esconder la policía que dar una demostración de fuerza y matonería.
Nadie en este país va a esperar pacientemente a que se le arruine su empresa y se le condene al hambre a sus trabajadores y a sí mismo. Sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay sueldos. Sin sueldos no hay consumo. Sin empresa ni empleados no hay aportes a la CCSS. Sin empresas abiertas ni consumo no hay generación de impuestos ni recolección de los mismos.
No se juega con el hambre de las gentes y menos se reprime con fuerza a quienes solo desean trabajar y llevar comida a las casas. Si los protocolos sanitarios sirven para el estado sirven para el sector privado.
El equilibrio debe de restablecerse. Salud y economía son complementarios. No se quiebra una economía porque se pierde la salud también. Lo que es peor se pierde la paz social y se rompe el tejido social.
Ya ha anunciado el señor Ministro de Hacienda que para mantener el gasto público, como de costumbre, hay que poner más impuestos, que en un extremo populista, se ha dado en llamarlos solidarios, progresivos y sobre la riqueza.
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