Justicia en pausa: El código Procesal Penal que congela la verdad
La Ley Nº 7594, que dio origen al actual Código Procesal Penal de Costa Rica, fue concebida como una respuesta estructural a las deficiencias del sistema penal anterior. Estas son algunas de las razones clave que motivaron su creación:
Modernizar el proceso penal. El sistema anterior, basado en un modelo inquisitivo, era considerado lento, poco transparente y centrado en el expediente escrito. La nueva ley introdujo un modelo acusatorio mixto, con énfasis en la oralidad, la publicidad y la inmediación, buscando mayor eficiencia y transparencia.
Garantizar los derechos fundamentales. Inspirada en principios constitucionales y del derecho internacional, la ley incorporó garantías como: 1- El derecho a un juicio en un plazo razonable (art. 4 del Código y art. 41 de la Constitución). 2- La presunción de inocencia. 3- La independencia judicial y el debido proceso.
Fortalecer el rol del Ministerio Público. Se buscó consolidar al Ministerio Público como ente autónomo y protagonista en la dirección funcional de la investigación penal, separando claramente sus funciones de las del Poder Judicial y la Policía Judicial.
Reconocer a la víctima como sujeto procesal. Por primera vez, la víctima fue reconocida con derechos procesales propios, incluyendo la posibilidad de constituirse en querellante y exigir reparación del daño.
Agilizar y humanizar la justicia penal. La ley promovió mecanismos alternativos como la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la acción penal privada, con el fin de descongestionar los tribunales y fomentar soluciones restaurativas.
¿Por qué la Ley de cita supra, ya no responde a la Costa Rica del siglo XXI? En 1998 entró en vigor el Código Procesal Penal que prometía modernizar la justicia costarricense. Hoy, más de 25 años después, esa promesa parece haberse convertido en un obstáculo. Casos emblemáticos como la trocha fronteriza, el escándalo del cemento chino y otros de connotación mediática, siguen sin resolverse en los tribunales penales, mientras la ciudadanía observa con frustración cómo la impunidad se disfraza de proceso.
¿Qué está fallando? Juristas coinciden en que el Código, aunque revolucionario en su momento, ha quedado desfasado frente a los desafíos actuales: Procesos excesivamente largos que violan el principio de “plazo razonable” consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política. Recursos dilatorios que favorecen a quienes tienen poder o influencia. Falta de mecanismos eficaces para proteger los derechos de las víctimas y garantizar la reparación del daño.
Casos que claman por justicia. La Trocha Fronteriza: más de una década de investigaciones, millones de colones en juego y aún sin responsables penales claros. El Cementazo: un escándalo de corrupción que involucró a altos funcionarios, bancos estatales y empresarios, y que aún no ha tenido un cierre judicial definitivo.
¿Por qué urge una reforma? Porque la justicia que no llega a tiempo no es justicia. Porque cada expediente empolvado es una herida abierta para las víctimas. Y porque un sistema penal que no responde a la realidad actual se convierte en cómplice de la impunidad.
¿Qué se propone? Reformar los plazos procesales para evitar la prescripción de delitos graves. Fortalecer la oralidad y la digitalización para agilizar los juicios. Garantizar el acceso equitativo a la justicia, sin importar el poder económico o político del imputado. Costa Rica necesita un Código Procesal Penal que esté a la altura de su gente, de su historia democrática y de su compromiso con los derechos humanos. La reforma no es solo una opción: es una deuda con la verdad.
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