No nombrar suplentes es secuestrar derechos fundamentales
La prolongada falta de suplentes de la Sala Constitucional constituye un desafío institucional que no debe minimizarse ni reducirse a un mero resultado del ambiente político. La excusa del oficialismo de que no conocen a las 18 personas de la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no es de recibo. Para conocer a esas candidaturas existen actas, dictámenes y videos de la Comisión de Nombramientos, además de la posibilidad de investigar trayectorias y pedir referencias. Lo que sigue es elegir, para no dejar desamparado al pueblo costarricense si la Sala no puede sesionar por ausencia de algún titular.
Las decisiones políticas no pueden desentenderse de los datos. Según el último Informe del Estado de la Justicia, entre 2004 y 2024 hubo un incremento del 230% en el ingreso de casos a la Sala Constitucional: pasaron de 10.808 en el año 2000 a 35.625 en 2024. El 93% de casos atendidos en 2024 fueron recursos de amparo, que se han cuadruplicado en 20 años. En 2025, el total de acciones recibidas sumó 40.059. Es decir, hablamos de una Sala sometida a una presión creciente y extraordinaria.
En cualquier momento puede enfermarse o inhibirse alguna de las magistraturas titulares. Solo de diciembre de 2025 a la fecha se han dado 86 inhibitorias. El análisis de esos casos evidencia que aproximadamente el 79% corresponde a recursos de amparo, directamente ligados a la tutela de derechos fundamentales. No son expedientes abstractos: detrás hay personas esperando respuestas sobre salud, pensiones, acceso a justicia y garantías constitucionales.
Los expedientes con mayor cantidad de inhibitorias corresponden a asuntos políticos, legislativos y de control constitucional del Estado, así como a pensiones, ROP y seguridad social (19 expedientes cada uno). También hay 16 expedientes sobre mora judicial y acceso a la justicia, otros 16 sobre debido proceso administrativo y 10 sobre derecho a la salud y protección de poblaciones vulnerables. En 36 de los 86 casos se inhibió el pleno completo de magistrados. Esta realidad muestra la necesidad urgente de garantizar estabilidad y capacidad operativa de la Sala Constitucional.
Costa Rica posee, por amplio margen, uno de los tribunales constitucionales más utilizados del mundo en relación con su población: resuelve 16 veces más casos que la Corte Constitucional de Colombia y 54 veces más que el Tribunal Constitucional de España. Frente a este panorama, la Asamblea Legislativa no puede seguir postergando la decisión. El nombramiento de suplentes no es una concesión política, sino una obligación constitucional. Además, sin suplentes, incluso la emisión de leyes puede quedar bloqueada.
El bloqueo persistente de la votación por parte de la fracción de gobierno equivale a un secuestro de derechos fundamentales. Quienes acusan al Poder Judicial de mora están forzando ahora al Legislativo a incurrir en ella. Por esto propuse lograr consenso en al menos cuatro nombres de la nómina actual, para garantizar continuidad mientras se abre un nuevo concurso. Hago un llamado respetuoso pero firme a que prevalezcan la sensatez, el diálogo y la visión de país. La ciudadanía espera madurez política y acuerdos mínimos.
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