Más allá de la “mano dura”: la urgencia es de una justicia que funcione
En el debate actual sobre seguridad, resulta casi automático escuchar propuestas que giran en torno al aumento de penas como solución inmediata frente al delito. Se promete endurecer el Código Penal, elevar años de prisión y enviar un mensaje de fuerza. Sin embargo, desde una perspectiva criminológica y criminalística, esta respuesta, aunque comprensible emocionalmente, suele ser superficial e incluso contraproducente si no se acompaña de un fortalecimiento real del sistema de justicia.
La experiencia en el campo forense y en el análisis del comportamiento criminal permite afirmar con claridad: el delincuente no teme tanto la severidad de la pena como a la probabilidad de ser descubierto, procesado y condenado. Cuando la impunidad predomina, cualquier incremento en las penas pierde su efecto simbólico y práctico. En términos simples, una sanción extremadamente alta carece de valor disuasivo, si el sujeto percibe que las posibilidades de enfrentarla son mínimas.
Un sistema que carece de presupuesto para invertir en recursos técnicos, protocolos modernos de investigación o adecuada gestión de la evidencia, está condenado a fallar en la reconstrucción de los hechos. Sin respeto deontológico entre las instituciones, la verdad procesal difícilmente coincide con la verdad material. Esto genera absoluciones, archivos y, en consecuencia, una percepción de impunidad que alimenta el ciclo delictivo.
El discurso de “mano dura” suele ganar terreno porque responde al miedo legítimo de la ciudadanía. No obstante, corre el riesgo de derivar en populismo punitivo: medidas llamativas que no transforman las causas estructurales del crimen ni mejoran la capacidad de respuesta institucional. Endurecer la ley sin fortalecer la investigación es una acción incompleta.
La apuesta debería orientarse hacia lo que podría denominarse una “mano eficaz”. Esto implica invertir en inteligencia criminal, en tecnología para el rastreo de flujos financieros ilegítimos, en capacitación constante de fiscales, investigadores y peritos, y en la modernización de los sistemas de gestión judicial. Asimismo, es fundamental consolidar metodologías de investigación basadas en evidencia, donde la ciencia forense desempeñe un papel central en la toma de decisiones.
No se trata de debilitar la respuesta penal, sino de hacerla verdaderamente efectiva. Una política criminal coherente debe equilibrar prevención, investigación y sanción, priorizando la certeza del castigo sobre su severidad. La seguridad ciudadana no se construye únicamente desde el texto de la ley, sino desde la capacidad operativa de las instituciones que la ejecutan. Desde mi perspectiva profesional, el verdadero reto no está en castigar más, sino en invertir para mejorar las investigaciones y por ende sus resultados. Porque al final, una sociedad no es más segura por tener penas más largas, sino por lograr que el delito, simplemente, no quede impune.
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