El círculo virtuoso entre seguridad, competitividad y desarrollo humano
Desde la perspectiva del desarrollo y la política pública, la seguridad debe entenderse de manera transversal, pues prácticamente no hay un solo aspecto de la vida pública del país, que no se vea impactado por su deterioro.
Las consecuencias sobre la competitividad del país y su capacidad para atraer e incentivar nuevas inversiones constituyen una dimensión del fenómeno que debe atenderse cuidadosamente.
La delincuencia y la violencia pueden impactar la estructura de costos de las empresas al provocar un aumento de los gastos y perdidas asociadas, reduciendo sus utilidades y comprometiendo sus planes de expansión; pero además pueden tener un efecto sobre la reputación internacional de Costa Rica como destino turístico y de inversiones, comprometiendo la creación de empleo y la recaudación fiscal.
La falsa contradicción entre las medidas policiales, judiciales y penitenciarias destinadas a reprimir la delincuencia, es decir, las de carácter inmediato, y la inversión social, entendida en un sentido amplio basado en los conceptos de desarrollo humano y sostenibilidad, ilustra también lo poco que se entiende el carácter transversal de la seguridad.
Ambos conjuntos de medidas son complementarios. Lo que sucede es que cuando revienta una crisis de seguridad como la que estamos viviendo en Costa Rica, el efecto preventivo de las medidas sociales se limita significativa y progresivamente; mientras que las policiales, judiciales y penitenciarias se vuelven prioritarias para retomar ese orden público donde las primeras deben actuar.
Frente al deterioro evidente de nuestra seguridad, es necesario entender que la acción policial, judicial y penitenciaria debe identificarse temporalmente como una prioridad sobre otros objetivos de la política pública. Decirlo es más fácil que actuar en consecuencia, porque seleccionar prioridades obliga a tomar decisiones políticamente controversiales, que tienen efectos presupuestarios. Un argumento más a favor de la reforma de un Estado altamente endeudado que se financia gracias a una pesada carga fiscal. Otro ejemplo de la transversalidad del tema que nos ocupa.
El orden público y la seguridad ciudadana son básicos para la competitividad del país y por lo tanto para su crecimiento económico, y ambos son fundamentales para contar con los recursos necesarios para financiar las políticas de desarrollo humano. La crisis de seguridad y las consecuencias acumuladas de una mala organización y gestión del gasto público, dislocan la armonía entre estas tres dimensiones básicas del desarrollo costarricense.
¿Cuál es la importancia de este enfoque? Pues ni más ni menos, que entender aquella relación es indispensable para dejar de improvisar, y diseñar una política de Estado que nos oriente en el control y reducción de la criminalidad actual, pero también en la recuperación de un país cuya seguridad sea sostenible en el futuro. Costa Rica tiene la experiencia y cuenta con los aliados internacionales para hacerlo.
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