Combatir el contrabando y el comercio ilícito es defender el empleo formal
Cada empresa que cumple con la ley realiza un esfuerzo que muchas veces pasa inadvertido. Detrás de cada negocio formal existen inversiones, empleos, impuestos, cuotas a la seguridad social, permisos sanitarios, municipales y obligaciones laborales y regulatorias. Cumplir tiene un costo, pero también representa un compromiso con Costa Rica.
Por eso, el contrabando y el comercio ilícito no pueden verse como fenómenos menores ni como simples alternativas para adquirir productos a un precio más bajo. Constituyen una forma de competencia desleal que perjudica directamente a quienes trabajan, emprenden e invierten dentro de la legalidad.
Mientras los empresarios formales pagamos impuestos, velamos porque nuestros trabajadores estén asegurados y cumplimos con controles de calidad, sanitarios y de seguridad, quienes operan al margen de la ley evaden estas y otras responsabilidades y obtienen así una ventaja indebida. No compiten ofreciendo mayor eficiencia o mejores productos: compiten incumpliendo las reglas.
Las consecuencias se extienden a toda la sociedad. El comercio ilícito reduce la recaudación necesaria para financiar los servicios públicos, expone a los consumidores a productos sin controles adecuados y alimenta estructuras delictivas. Pero, además, pone en peligro algo fundamental: el empleo formal.
Cuando una empresa responsable pierde mercado frente al contrabando, se reduce su capacidad para invertir, crecer y generar empleo. Por eso, cada producto introducido o comercializado ilegalmente no representa solamente un impuesto que el Estado dejó de recibir. Representa también una amenaza para los puestos de trabajo de miles de personas y para la sostenibilidad de empresas que hacemos las cosas correctamente.
El Plan Cero Tolerancia contra el contrabando y el comercio ilícito debe convertirse, por tanto, en una verdadera prioridad nacional. Su éxito requerirá controles eficaces, coordinación entre instituciones, uso inteligente de la tecnología y sanciones capaces de desincentivar estas conductas. También demandará continuidad, transparencia y resultados verificables.
Desde el sector empresarial formal respaldamos decididamente las acciones orientadas a cerrar los espacios a la ilegalidad. Esta lucha no busca proteger privilegios ni impedir la competencia. Por el contrario, procura que la competencia sea auténtica, justa y basada en las mismas reglas para todos.
Costa Rica debe enviar un mensaje contundente: cumplir la ley debe valer la pena. Quienes invertimos, generamos empleo, pagamos nuestras obligaciones y aportamos al desarrollo nacional merecemos competir en condiciones de igualdad.
Combatir el contrabando y el comercio ilícito es defender la recaudación, la salud pública y la seguridad. Pero, sobre todo, es defender a las empresas responsables, a sus trabajadores y al empleo formal que sostiene el bienestar de miles de familias costarricenses.
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