Respuesta de la Cámara Nacional de Radiodifusión, CANARA, a la presidente de la República, Laura Fernández
Respuesta de la Cámara Nacional de Radiodifusión, CANARA, a la presidente de la República, Laura Fernández Delgado
Señora presidente:
La discusión sobre el pago por el uso de las frecuencias de radio y televisión merece ser abordada con seriedad, información completa y respeto. Convertir este debate en una confrontación entre el Estado y supuestos grupos privilegiados no contribuye a encontrar un modelo justo, proporcional y técnicamente sustentado.
La Cámara Nacional de Radiodifusión, CANARA, nunca ha defendido que las tarifas permanezcan congeladas ni que quienes utilizan el espectro radioeléctrico estén exentos de realizar un pago razonable por su uso.
Sin embargo, una cosa es establecer un canon justo y otra muy distinta imponer cargas que puedan comprometer la sostenibilidad de los medios de comunicación.
Costa Rica, históricamente reconocida por su respeto a la libertad de expresión, está por establecer cargas sobre los ingresos de la radio y la televisión abierta particularmente elevadas cuando se contrastan con diversos modelos internacionales.
Doña Laura, esa comparación debe hacerse con rigor. Países como Estados Unidos, Canadá, España, Francia o Brasil utilizan mecanismos distintos para determinar las obligaciones asociadas a la radiodifusión y al uso del espectro. No resulta técnicamente correcto comparar porcentajes o montos aislados, como usted hizo en cadena nacional del domingo 30 de agosto, como si todos respondieran al mismo concepto, base de cálculo o finalidad.
Por eso, señora presidente, antes de afirmar que el modelo propuesto para Costa Rica es similar, o incluso más favorable que el aplicado en otros países, corresponde demostrar que se están comparando sistemas realmente equivalentes.
Tampoco puede reducirse una discusión de esta trascendencia a comparar lo que actualmente paga una frecuencia con el precio de un confite o con el valor de un anuncio de treinta segundos.
La radio y la televisión abierta no pueden analizarse únicamente a partir de su facturación. Detrás de cada frecuencia hay inversión en infraestructura, transmisores, electricidad, producción y mantenimiento; también pago de salarios, cargas sociales, impuestos, patentes y otros compromisos tributarios. Facturar no significa obtener esa misma cantidad en ganancias.
Existe, además, un valor que no puede medirse únicamente en términos comerciales: durante décadas, la radio y la televisión abierta han permitido que millones de costarricenses accedan gratuitamente a información, opinión, entretenimiento, cultura y contenidos de interés público, incluso durante emergencias nacionales.
Señora presidente, las frecuencias pertenecen al Estado costarricense. En eso no existe discusión. Precisamente por tratarse de un bien público, cualquier canon por su utilización debe ser justo, proporcional y compatible con la pluralidad, la diversidad de voces y la libertad de expresión.
Costa Rica tiene medios grandes, medianos y pequeños, así como estaciones de radio regionales y locales con realidades económicas muy diferentes. Presentarlos a todos como grandes negocios multimillonarios desconoce esa diversidad.
Señora presidente, CANARA no solicita privilegios. Defiende un pago razonable por el uso del espectro radioeléctrico que no ponga en riesgo una radiodifusión privada, libre, independiente, plural y accesible gratuitamente para la población.
Costarricenses: este no debe ser un debate sobre quién gana una confrontación política, sino sobre la pluralidad de medios que queremos dejarle a Costa Rica y cómo garantizamos que, bajo el argumento de acabar con supuestos privilegios, no terminemos apagando las voces de quienes piensan diferente.
El pueblo de Costa Rica puede estar plenamente convencido y tranquilo de que CANARA tiene el firme interés de mantener en Costa Rica la libertad de expresión, de acceso a la información, la libertad de prensa y la conservación de la democracia.
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