Cuando las palabras ponen a prueba la democracia
Las democracias no suelen morir con el estruendo de los tanques. Muchas veces comienzan a debilitarse con algo mucho más silencioso: las palabras. Una expresión desafortunada, una acusación irresponsable o un discurso construido para desacreditar al adversario pueden erosionar, poco a poco, la confianza ciudadana en las instituciones que sostienen el Estado de Derecho. Por esto, cuando la Presidenta de la República afirma públicamente, acompañada de diputados oficialistas, que el Poder Judicial ha gestado un “golpe de Estado”, el país no está frente a una simple diferencia de criterios. Está frente a una acusación extraordinariamente grave que trasciende la coyuntura política y alcanza el corazón mismo de nuestra democracia.
En cualquier sociedad democrática es legítimo disentir de una resolución judicial. Ningún poder público está exento del escrutinio ciudadano. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre cuestionar un fallo y atribuirle a todo un poder de la República la intención de quebrantar el orden constitucional.
Más preocupante aún es el contexto en que estas declaraciones se producen. La política parece haberse convertido, con demasiada frecuencia, en un espectáculo permanente donde la frase más estridente obtiene más atención que el argumento mejor construido. El aplauso inmediato de las redes sociales ha comenzado a desplazar la prudencia que exige el ejercicio del poder.
Pero el mundo ya no observa a Costa Rica con la lentitud de otras épocas. Cada declaración presidencial recorre el planeta en segundos. La escuchan inversionistas que evalúan la estabilidad jurídica del país, organismos internacionales que monitorean la salud de nuestras instituciones, gobiernos aliados y ciudadanos que han visto en Costa Rica un referente democrático en América Latina.
Resulta inevitable preguntarse qué está ocurriendo cuando, en apenas cien días de gestión, el país acumula episodios de confrontación, descalificaciones y declaraciones que parecen responder más a una estrategia de polarización que a un ejercicio responsable del liderazgo. Gobernar implica tomar decisiones difíciles, aceptar controles institucionales y comprender que ningún poder está por encima de la Constitución.
Surge otra pregunta incómoda, pero necesaria: ¿quién está marcando realmente el rumbo político del Gobierno? De una licenciada en Ciencias Políticas, la ciudadanía espera independencia de criterio, capacidad de análisis y una comprensión profunda del delicado equilibrio que sostiene una democracia constitucional.
Los mayores retrocesos democráticos comienzan discursos que desacreditan jueces, cuestionan la legitimidad de los órganos de control y presenta cualquier límite al poder como una conspiración. Esa narrativa puede resultar políticamente rentable en el corto plazo, pero termina debilitando la confianza pública, que es el verdadero cemento de toda democracia.
El liderazgo no se demuestra elevando el volumen de la voz. Se demuestra elevando la calidad del debate. La autoridad moral no nace de la confrontación permanente, sino de la capacidad de gobernar con serenidad, prudencia y respeto por las reglas que sostienen la República.
Las palabras seguirán teniendo poder. La pregunta es si serán utilizadas para fortalecer nuestras instituciones o para debilitarlas. De esa decisión dependerá, en buena medida, la calidad de la democracia que heredaremos a las próximas generaciones.
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