La autonomía universitaria y la rendición de cuentas fortalecen nuestra democracia
En una democracia sólida, el control político constituye una herramienta legítima de la Asamblea Legislativa. Desde el Consejo Nacional de Rectores respetamos plenamente las competencias constitucionales de ese Poder de la República y reconocemos el valor que tiene la fiscalización en la vida democrática. Sin embargo, ese ejercicio debe realizarse con el mismo respeto hacia otro principio igualmente fundamental: la autonomía universitaria, consagrada en los artículos 84 y 85 de nuestra Constitución Política.
Las universidades públicas no le tememos al escrutinio. Nuestro compromiso ha sido, y seguirá siendo, con la legalidad, la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas ante toda la ciudadanía. Por ello, consideramos importante recordar que la educación superior estatal no opera al margen de los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico costarricense.
Cada año las universidades presentan múltiples informes presupuestarios y de gestión ante la Contraloría General de la República. Además, nuestras instituciones cuentan con auditorías internas y están sujetas a auditorías especiales cuando así lo determina el órgano contralor. Los recursos provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior también son evaluados mediante compromisos e indicadores públicos que permiten dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos institucionales.
Por eso, el análisis sobre la administración de los recursos públicos debe partir de información objetiva, verificable y técnicamente sustentada. Un debate basado en evidencia fortalece la confianza ciudadana y contribuye a la toma de decisiones responsables. Por el contrario, cuando predominan las percepciones sobre los hechos, se corre el riesgo de debilitar instituciones que durante décadas han contribuido al desarrollo del país.
La universidad pública costarricense ha sido un motor de movilidad social, investigación científica, innovación tecnológica, desarrollo cultural y formación del talento humano que hoy impulsa la competitividad nacional. Ese aporte ha sido posible gracias a una administración responsable de los recursos públicos y a un compromiso permanente con el interés nacional.
Vivimos tiempos en los que Costa Rica enfrenta importantes desafíos económicos, sociales, científicos y tecnológicos. Precisamente por ello, necesitamos fortalecer el diálogo entre las instituciones del Estado y construir acuerdos que permitan responder a esas necesidades con visión de largo plazo.
Desde CONARE reiteramos nuestra total disposición a participar en ese diálogo, a brindar la información que corresponda y a continuar fortaleciendo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Lo hacemos con la convicción de que una universidad pública autónoma, transparente y comprometida con la excelencia no solo beneficia a su comunidad académica, sino que constituye uno de los pilares sobre los cuales se sostiene el desarrollo democrático y el futuro de Costa Rica.
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