El poder se concentra cuando la ciudadanía se desconecta
El primero de febrero de 2026, Costa Rica no enfrenta una elección cualquiera. Más del 40% del electorado está indeciso o piensa no votar. Esa apatía no es neutra: es el mayor aliado de quienes quieren concentrar poder. La historia demuestra que las democracias no siempre caen por golpes de Estado; muchas veces se erosionan cuando la ciudadanía se desconecta.
En 1948 el país vivió una guerra civil por el temor de que un grupo político se perpetuara en el poder. Hubo muertos, dolor y ruptura social. De ese sacrificio nació la Segunda República, con una Constitución que puso límites al poder y al autoritarismo. Afortunadamente, hoy no se nos pide tomar las armas, sino algo mucho más simple y poderoso: votar. Pero el riesgo es real. El partido oficial busca 40 diputados para convocar una Constituyente, cambiar las reglas, controlar jueces y fiscales y abrir la puerta a una deriva autoritaria. América Latina conoce bien ese camino; España también lo sufrió durante décadas.
Mientras se repite el discurso de que “las cosas van bien”, la realidad golpea fuerte. El turismo experimentó una reducción en llegadas y el empleo informal creció; el sector agropecuario enfrenta caídas sostenidas en producción y ocupación, con especial impacto en los arroceros y el sector bananero. La construcción de viviendas se contrajo y hoy apenas representa alrededor del 3,7% del PIB, muy por debajo de su promedio histórico. Y tras cuatro años de promesas, la reactivación económica sigue concentrada en las zonas francas, sin alcanzar al resto de la economía nacional.
Pero quizá lo más grave ocurre en seguridad. Desde 2022 se recortó el presupuesto, se debilitaron cuerpos especializados y se tomaron decisiones incomprensibles como: retiro de la Policía de Control de Drogas de fronteras y puertos, escáneres de corta vida sin usar después de inaugurarlos con bombos y platillos, traslado de personal operativo a oficinas, la aplicación de medidas alternativas y beneficios carcelarios y bloqueo de recursos al OIJ. El resultado está a la vista: 907 homicidios en 2023, cerca de un 40% más que el año anterior y con casi 900 homicidios 2024 y 2025; con una crisis que el propio presidente ha minimizado públicamente. Y esto no es resorte de administraciones pasadas o instituciones del estado, como siempre argumentan los defensores del estatus quo.
A esto se suman hechos alarmantes: vetos a leyes clave contra el narcotráfico, nombramientos cuestionados, dudas sobre altos jerarcas por cercanía a figuras ligadas al crimen organizado, e incluso investigaciones internacionales que señalan vínculos peligrosos. No son rumores: son decisiones, omisiones y documentos.
Muchos jóvenes creen que la democracia es automática. No lo es. Se defiende participando. No votar, no castiga al mal uso del poder; lo fortalece. El primero de febrero de 2026 Costa Rica tiene una oportunidad histórica de frenar el deterioro institucional sin violencia, sin miedo y con dignidad. Esta elección no define solo un gobierno: define si seguimos siendo una república democrática o si renunciamos, por indiferencia, a lo que tanto costó construir.
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