Cumplir con la ley fortalece nuestra democracia
En los últimos días, Costa Rica ha seguido con atención un proceso excepcional que convoca, de manera inevitable, a los tres poderes de la República.
Se trata de la acusación penal contra el Presidente de la República y de la solicitud de levantamiento de su inmunidad presentada ante este Parlamento.
No es un procedimiento que haya iniciado la Asamblea Legislativa. Es, más bien, un camino previsto por la Constitución y las leyes, que establece un orden riguroso para estas situaciones.
Todo comienza con una denuncia y la investigación a cargo del Ministerio Público.
Luego, el caso se traslada a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia. Tras su análisis, la Corte Plena decide, por mayoría, si corresponde enviar el expediente al Congreso.
Es, hasta en ese momento, que entra en juego la Asamblea, que debe resolver, con el voto de dos terceras partes de sus integrantes, si se autoriza o no la formación de causa penal. De esa decisión dependerá que cualquier miembro de un Supremo Poder, mientras ejerza el cargo, sea juzgado por la Sala III.
El procedimiento está descrito en la Constitución, en el Código Procesal Penal y en el Reglamento de la Asamblea. Es un mecanismo singular, pensado para resguardar la dignidad de los supremos poderes y, al mismo tiempo, garantizar que nadie quede al margen de la justicia.
Tener que poner en marcha el mecanismo especial para juzgar a un jerarca de un Poder de la República no es algo deseable, pero el simple hecho de que exista confirma la fortaleza de nuestro Estado de derecho.
En el caso que nos ocupa, en la acusación por el delito de concusión contra el presidente de la República Rodrigo Chaves, la Asamblea ha actuado en todo momento con transparencia plena y respeto a los preceptos constitucionales y legales. Basta con ver que todas las sesiones y decisiones adoptadas han sido públicas. También conviene subrayar que no le correspondió al Parlamento pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del presidente Chaves.
Esa responsabilidad es exclusiva de los tribunales y serán ellos, en definitiva, quienes dicten un veredicto. Lo único que hacemos en la Asamblea es decidir sobre un paso intermedio dentro de un proceso judicial.
Pero, más allá de los mecanismos especiales que existen para investigar y juzgar a un jerarca que goza del privilegio de la inmunidad, lo que debe quedar claro es que, en la democracia costarricense nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de la República.
Porque ya sea por el camino especial del levantamiento de la inmunidad o por la vía ordinaria que sigue cualquier ciudadano, toda persona acusada de un delito deberá comparecer, tarde o temprano, ante un tribunal y ejercer allí su derecho de defensa.
Más allá del resultado sobre el levantamiento del fuero, queda una certeza: la Asamblea ha honrado lo que dispone la Constitución. Hemos respondido con apego a la legalidad y eso fortalece nuestra democracia.
Cuando las instituciones son sometidas a prueba, el respeto a la norma y la firmeza de los procedimientos son el ancla que sostiene la estabilidad del país. En esa fidelidad al Estado de derecho, Costa Rica siempre gana.
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