Extinción de dominio: un camino al infierno pavimentado de buenas intenciones.

El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. La célebre frase de San Bernardo de Claraval ejemplifica con gran tino cómo el proyecto de ley de extinción de dominio, en su afán de luchar contra el crimen organizado, termine lesionando las libertades esenciales de los costarricenses y minando la seguridad jurídica del país. 

Este proyecto, con el que muchos diputados se matricularon dándole su apoyo, facultaría al Estado costarricense a confiscar bienes de los habitantes de este país sin que medie condena alguna sobre ellos. Basta solo una sospecha de que su patrimonio han sido obtenido de manera ilícita para que los agentes del Gobierno puedan hacerse con ellos de forma expedita, independiente de que exista una acusación penal en su contra o el resultado de la misma.

En un país de derecho como lo es Costa Rica, este proyecto de ley va a contrapelo del espíritu jurídico de nuestro país. La propuesta representa un atropello al artículo 40 de nuestra constitución política: “Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes, ni a penas perpetuas, ni a pena de confiscación…” 

De la misma manera, el proyecto de ley violenta el principio constitucional de defensa. También ignora el precepto de que no hay pena ni juicio válido en una democracia sin que se haya celebrado un proceso con todas las garantías para el acusado y mediante la necesaria demostración de su culpabilidad por parte de la autoridad competente.

Si se revisa con detenimiento, la propuesta de ley de extinción de domino procuraría un recurso para sentar a cualquier ciudadano en el banquillo de los acusados con el fin de que “justifique” la procedencia lícita de todo su patrimonio. En pocas palabras esta ley cambiaría la presunción de inocencia por una presunción de culpabilidad, donde el individuo debe justificarse ante el Estado y probar su inocencia. 

Estaríamos optando por no modernizar nuestra ley de psicotrópicos vigente -para recuperar los bienes decomisados al crimen organizado y usarlos en el combate de la delincuencia- y más bien habilitar un recurso que podría prostituirse para atacar enemigos políticos exigiéndoles que demuestren la naturaleza de su patrimonio y que demuestren su inocencia bajo amenaza de perderlos.

De llegar a convertirse ley de la República, cualquier político, magistrado, fiscal o empresario influyente podría usar sus conexiones para que el juez de extinción de dominio dicte un fallo en contra del individuo. No importa el carácter penal a resolver, pues el proyecto propone que la acción de extinción dedominio sea autónoma e independiente de la acción penal, con elagravante de que no importa que los hechos hayan ocurrido anteriormente a la promulgación de la ley. En otras palabras, las leyes de mañana podrán tener efecto en el pasado.

De aprobarse el proyecto de ley de extinción de dominio, cubriéndolo con un manto de intenciones loables para luchar contra el crimen organizado, el Estado costarricense se alejaría de 130 años de tradición democrática y adaptaría tácticas de regímenes como el Cuba de los hermanos Castro y la Venezuela chavista. En estas naciones la confiscación es un fenómeno común: el Estado está en capacidad de privar a una persona de sus derechos de propiedad, posesiones o bienes sin indemnizarla, pasando ellas al Estado de gratis.

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