Una ruta segura
El pasado viernes, Comex comunicó lo que llamaron “Una ruta segura” para el ingreso de cargas y choferes procedentes de Centroamérica al país. La cual debería incorporar el uso de escoltas, convoyes o dispositivos de trazabilidad hasta Depósitos Fiscales de previo autorizados, en el interior del país.
En relación con ello es claro que “sin salud no hay comercio y sin comercio no hay salud. Mas también es claro, lamentablemente, que estas “nuevas normalidades” vinieron para quedarse. Pues hoy es el coronavirus, y mañana será otra pandemia quizás más agresiva y letal.
Ante eso deberemos comprender y aceptar que no existe ni dispositivo infalible, ni ruta segura. Menos en un país con nuestra cultura. Mas temprano que tarde estas medidas se relajarán dando paso a la ineficiencia y la corrupción. Sin soslayar que los costos asociados resultarán altos y engorrosos, cosa que tampoco será lo más conveniente. Los tránsitos internacionales a terceros países son otro tema, en el que quizás esa ruta segura pueda funcionar.
Si podemos reservarnos el autorizar en cuales Depósitos Fiscales las cargas tendrán su fin de viaje, ¿Por qué no definir, de una vez por todas que estos sean los que se encuentran en nuestras fronteras marítimas y terrestres, proveyendo asimismo fuentes de empleo y reactivación económicas para estas regiones que también son Costa Rica? Claro está que esta medida, aparejada de otras por la inmediatez de la situación, se deberán implementar de manera gradual, pues hoy ciertamente no están preparadas.
Ya es hora de que el país comience a ser cada vez menos reaccionario, y más previsorio en el resguardo de nuestra salud, y de nuestra economía. Con la buena conciencia y sentido común de los comerciantes, se debe imponer nuestra soberanía, asumiendo los cambios futuros que sean necesarios.
Para conseguir eso, los contratos se deberán suscribir bajo los términos del grupo “D” de los Incoterms. Los actores tienen amplios conocimientos e información sobre ellos. En este escenario, los fletes deberán ser “cortados” en nuestras fronteras y materializados con una entrega directa.
De esa forma, el vendedor correrá a cargo de los costos y los riesgos del traslado de las mercancías hasta que estas estén en el destino acordado en el contrato, que, para todos los casos, serán los Depósitos Fiscales ubicados en la jurisdicción de las aduanas de los puertos marítimos y terrestres costarricenses. En el momento en que las cargas han llegado a este lugar, los peligros y gastos pasarán a ser cargo de la parte compradora. Y así, “muerto el perro, terminada la rabia”.
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