Ruido en las carreteras: una anomalía que erosiona la convivencia. Un problema que empieza afuera, pero se multiplica adentro
En Costa Rica, cada día se vuelve más difícil convivir con el ruido excesivo en las carreteras. Camiones de carga con motores alterados cruzan comunidades enteras a cualquier hora, sin reparar en que allí descansan familias, estudian niños, y habitan adultos mayores, todos ven afectada su tranquilidad. Para empezar, vale señalar que este no es un problema exclusivo nuestro: países vecinos como Panamá o Nicaragua también han aprobado leyes que fijan límites de ruido entre 45 y 55 decibeles. Sin embargo, en la práctica, la realidad es parecida a la nuestra: los controles son escasos y el respeto por la norma es desigual.
Nuestro país cuenta con un marco jurídico sólido. La Ley de Tránsito (N.º 9078) reconoce el ruido como un contaminante ambiental. El Decreto Ejecutivo 38937 autoriza que se realicen mediciones ocasionales en la vía pública. Y el reglamento para el control de ruido ambiental faculta al Ministerio de Salud a emitir órdenes sanitarias cuando un vehículo excede los límites. En teoría, la ciudadanía está protegida. En la práctica, no tanto.
Se crean vacíos institucionales porque las leyes, a veces, no detallan con precisión quién debe fiscalizar de manera rutinaria. Mientras la Policía de Tránsito aplica sanciones por velocidad o mal estacionamiento, rara vez mide el ruido. El Ministerio de Salud, que podría intervenir, termina requiriendo coordinación con el MOPT para actuar sobre vehículos. El resultado es que nadie asume la responsabilidad de manera efectiva, y la ciudadanía queda desprotegida. A esta situación se suma una anomalía aún mayor: los camiones de carga internacional que provienen de Centroamérica y Panamá circulan por nuestro territorio sin someterse a la revisión técnica local. Esto genera un doble estándar: los transportistas nacionales deben aparentar cumplir, mientras que los extranjeros transitan sin control alguno, exponiendo a las comunidades a niveles de ruido igualmente dañinos.
Los efectos de esta contaminación acústica no son superficiales. La Organización Mundial de la Salud advierte que el ruido excesivo afecta el sueño, reduce la concentración escolar, incrementa el estrés y eleva los riesgos cardiovasculares. En otras palabras: el ruido enferma, deteriora la convivencia y socava la calidad de vida.
Costa Rica no necesita más leyes: necesita voluntad política y coordinación institucional. Urgen controles aleatorios en carretera con equipos de medición adecuados, trazabilidad de los silenciadores para evitar fraudes, y la exigencia de controles mínimos en fronteras para el transporte internacional. El Ministerio de Salud y el MOPT deben asumir, juntos, la defensa de un derecho constitucional: “el de vivir en un ambiente sano”.
El ruido en las carreteras no es un mal menor. Es una deuda pendiente con la salud y la convivencia ciudadana. Cada acción, por pequeña que parezca, puede generar un beneficio incalculable. Costa Rica merece mucho más: respeto, empatía y la certeza de que nuestras comunidades son más importantes que la indiferencia y el ruido.
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