Reforma urgente a los alquileres de vivienda

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Reforma urgente a los alquileres de vivienda
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El Ministerio de Vivienda, Mivah, confirmó, hace varias semanas, que el aumento a alquileres de vivienda será del 10,64%, alrededor de 10.600 por cada 100 mil colones, incremento a criterio de este comentarista, abusivo por desmedido y para nada oportuno en la coyuntura económica que vive el país.

Lo peor de todo, es que tal aumento es avalado y promovido por el mismo ordenamiento jurídico, el cual debe ser modificado urgentemente en la Asamblea Legislativa, en aras de no afectar más el bolsillo de las familias costarricenses.

La Ley número 9354, del 4 de abril del 2016, denominada “Reforma Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos -Inquilinato-”, y el inciso b) del artículo 67 de la citada ley indica que, cuando la inflación sea mayor al 10%, como ocurre en estos meses, el Mivah definirá el porcentaje de incremento en arrendamientos, pero, no puede ser menor a ese 10% ni superar esa tasa.

Evidentemente tal disposición legal fue construida bajo una visión en la que nunca se imaginó tener un país con una inflación de dos dígitos pero dadas las circunstancias actuales, ahora esa norma pasa a quienes alquilan una factura inoportuna y desmedida, por lo que esa ley debe ser reformada de inmediato.

Por lo anterior, resulta urgente, necesario e imperativo que en la Asamblea Legislativa se proponga un proyecto de ley que reforme ese inciso b) del artículo 67 de la Ley de Inquilinato, para que el Mivah no esté atado de manos a que ese aumento no puede bajar del 10%, cuando claramente sí puede ser así y que tal porcentaje sea definido por criterios técnicos, que favorezcan a los costarricenses en medio de una situación económica cuesta arriba, como la que vivimos en la actualidad, con bruscos aumentos en el costo de los combustibles, en los precios de la canasta básica, en tarifas del transporte público y todo lo que de ello se deriva.

Los arrendamientos de vivienda no deberían ser afectados por la inflación, de manera que, esta no sea una referencia exclusiva para definir incrementos, más cuando hablamos de un tema altamente sensible, como lo es la lucha por una vivienda digna para miles de familias.

Ya es tiempo de que el Estado tome con urgente prioridad la construcción de política pública que regule de manera solidaria, seria y consciente las tarifas de alquileres de vivienda, las cuales, sin ser secreto para nadie, muchas son definidas al antojo y deseo de algunos propietarios, incluso para espacios que, muchas veces, no cumplen ni con las condiciones básicas de una vivienda digna.

El bolsillo de la ciudadanía costarricense no aguanta más.