Los 50 años del excelso y baluarte de la democracia, OIJ
Con la sola credencial de haber formado parte del primer grupo de ocho agentes de investigación con que se inició en Costa Rica la policía judicial el OIJ y el privilegio de haber sido el director general, del ente represivo y no preventivo. Esta sobresaliente organización técnica-científica, nació a la vida jurídica bajo los auspicios de la Ley 5229 del 12 de diciembre de 1973, como dependencia de la Corte Suprema de Justicia, lo que lo distingue como un cuerpo apolítico, alejado de los intereses bastardos de la influencia de los políticos de turno.
La diferencia entre policía preventiva y policía judicial es de añeja data, la encontramos en el Código Francés del año IV de la revolución, al afirmar que, “la policía administrativa tiene por objeto el mantenimiento habitual del orden público en cualquier lugar y en cualquier parte de la administración en general” y que “la policía judicial investiga aquellos delitos que la policía administrativa no ha podido impedir, recoge las pruebas y entrega a los autores a los tribunales encargados de castigarlos”.
En nuestro medio la figura de policía judicial no resultaba extraña, ya que en el ordinal 174 del Código Procesal Penal de 1910, ordenó que; “… los agentes de la policía judicial que tuvieren noticia criminis (…) deberán practicar cuantas diligencias estimen oportunas, para hacer constar las huellas o rastros aparentes del delito y asegurarse de la persona del presunto reo. Recogerán también las pruebas y demás antecedentes que puedan adquirir para establecer la existencia del hecho y determinar los culpables y procederán a todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzguen oportunas y a secuestrar los instrumentos del delito y las demás piezas de convicción”.
Los primeros reclutados sometidos de previo a una profunda constatación de antecedentes y conocimientos en el campo investigativo, fuimos elegidos y se nos sometió a un extenso entrenamiento y estrictas pruebas de idoneidad, para asignarnos la investigación de homicidios y probablemente, comprobar nuestras habilidades y expertiz.
Para gloria de nuestra institucionalidad democrática y la pureza en la aplicación de la ley, nació el OIJ, se eliminó el chuso eléctrico y la implantación de prueba falsa en perjuicio de los indiciados. Al tiempo que germinó la carencia de recursos humanos y de avituallamiento, hoy, esa institución cuenta con 103 mil millones de colones en su presupuesto y necesita 30 mil millones más, para seguir funcionando. Es urgente además, sacar de la regla fiscal a la Policía Judicial, a efecto que pueda recibir y utilizar los millones de dólares que se le han decomisado a la delincuencia organizada.
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