Legalidad y justicia social
El sistema de educación pública costarricense atiende al 85% del alumnado del país; casi el 40% vive en la pobreza, y el 12% en extrema pobreza. Dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica ostenta la mayor tasa de pobreza infantil. En este panorama, las escuelas públicas desempeñan un papel crucial como niveladores sociales para superar las brechas originadas en entornos familiares vulnerables y desaventajados, y fomentar habilidades esenciales como conocimiento, disciplina, socialización y creatividad.
Las escuelas no solo brindan formación académica, sino también protección, cuidado y, a menudo, nutrición básica a través de los comedores escolares. Con frecuencia son los maestros quienes identifican signos de violencia doméstica y problemas de desarrollo o salud que, de otro modo, pasarían inadvertidos.
Todos esos beneficios dependen, claro está, de que cada persona en edad de estudiar pueda asistir al centro educativo y permanecer hasta graduarse. Pero para muchas eso es imposible sin la ayuda del Estado para cubrir transporte, becas, alimentación y otras necesidades como cuadernos o zapatos.
Estas ayudas educativas son especialmente cruciales en países como Costa Rica, donde una parte significativa de la población se enfrenta a desafíos multidimensionales.
Al reducir las barreras económicas, estos programas nivelan la cancha para chicos y chicas, al brindar igualdad de oportunidades a estudiantes de entornos desfavorecidos. Promueven la equidad, fomentan el desarrollo integral a través de programas deportivos y artísticos, e impulsan el rendimiento académico al garantizar el acceso a servicios vitales como nutrición y apoyo psicológico. Sobre todo, estas transferencias sociales facilitan la continuidad y la retención educativa. Por ende, el sistema educativo público es pilar fundamental de la movilidad social: permite a innumerables personas superar la adversidad y alcanzar su máximo potencial como ciudadanos.
Nuestro constituyente tuvo claro el peso de la educación en el desarrollo integral de cada persona, por lo que estableció en la Constitución de Costa Rica que la educación es gratuita y obligatoria en todos los niveles, y debe ser costeada por el Estado. Eso incluye las ayudas y subsidios para que nadie, ningún niño, niña ni joven, quede excluido de su derecho fundamental a la educación.
Por eso es incomprensible que el Ministerio de Hacienda se esté negando a girar a la Educación cerca de ¢14,000 millones aprobados en 2024 por la Asamblea Legislativa, de los cuales la mayoría están destinados a becas y a comedores. La Ley de Presupuesto es vinculante para el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda no puede invocar razones discrecionales para retener los fondos asignados.
La retención de dineros destinados a cubrir necesidades de nuestra población más vulnerable y necesitada, viola los derechos humanos y contraviene la Constitución y la ley. Constituye, además, una traición a los principios esenciales de solidaridad, justicia social y Estado social de Derecho que siempre nos han caracterizado.
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