La división de poderes, muralla de la democracia
En este mes de nuestra independencia, vale recordar de dónde venimos y hacia donde debemos andar: en el camino de una Costa Rica más democrática, más justa y libre.
La división de poderes no es un capricho, ni un invento académico sin sentido. Es, más bien, la muralla más sólida que las sociedades libres han levantado contra el abuso y la tiranía. Desde que Montesquieu desarrolló esta teoría en el siglo XVIII, en abierta oposición a las dictaduras monárquicas, se entendió que ninguna democracia puede sobrevivir si concentra el poder en una sola mano. Dividir el poder entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial fue, y sigue siendo, la mejor forma de evitar el resurgimiento de dictadores disfrazados de salvadores.
En Costa Rica, este principio ha sido fundamental para mantener una democracia estable y una vida institucional respetada en toda América Latina. Sin embargo, hoy vemos con preocupación cómo el presidente actual, ha lanzado ataques constantes contra esa institucionalidad.
Por ejemplo, la Contraloría General de la República ha sido señalada como un obstáculo para la gestión del Ejecutivo. Es cierto que la Contraloría, como otros entes de control, puede ser lenta, burocrática y muchas veces frustrante para la agilidad que requieren algunos proyectos. Pero esto no significa que no sirva, ni mucho menos que deba eliminarse. Su función es esencial: revisar, fiscalizar y velar porque los fondos públicos se usen con transparencia y responsabilidad.
Lo mismo ocurre con la Asamblea Legislativa. Su tarea principal no es complacer al Ejecutivo, sino hacer control político, aprobar o rechazar leyes, cuestionar y debatir en nombre de la ciudadanía que eligió a esos diputados. Atacar constantemente a los parlamentarios, descalificarlos o promover la idea de que estorban, no fortalece la democracia; al contrario, la debilita. Porque sin control, el poder se convierte en abuso, y eso ya lo hemos visto demasiadas veces en la historia de los pueblos, en especial, latinoamericanos.
El problema de fondo es que esta retórica ha polarizado a la sociedad costarricense. Cada ataque contra las instituciones fomenta la división, incita a la violencia y normaliza la agresión en el debate público. Y lo que debería ser una discusión cívica y constructiva se convierte en una pelea entre bandos, donde lo importante ya no es el país, sino quién grita más fuerte.
Por eso conviene recordarlo: la división de poderes no es un obstáculo para gobernar, es la mayor garantía de libertad que tenemos. Gracias a ella, ningún gobernante puede decidir por todos, ni imponer su voluntad sin límites. Cuidar esta herencia republicana es tarea de todos los ciudadanos, más allá de partidos o simpatías. Porque la democracia no se defiende sola: necesita voces firmes que la sostengan.
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