El desgaste silencioso: la democracia costarricense bajo presión
Costa Rica no atraviesa aún una ruptura democrática. No hay golpes de Estado, ni elecciones suspendidas, ni tribunales cerrados por decreto, las instituciones siguen votando, resolviendo y publicando informes, y sin embargo, algo en la salud democrática del país se está desgastando, no por un evento aislado, sino por la acumulación de un patrón que ya empieza a repetirse con demasiada naturalidad: el conflicto entre poderes del Estado se resuelve cada vez más en el terreno del lenguaje público, y cada vez menos en el terreno de los procedimientos constitucionales.
Ese es el hallazgo central de mirar la coyuntura costarricense con la lente de un termómetro democrático: no preguntarse si las instituciones formales siguen en pie —que lo están—, sino preguntarse en qué tono se hablan entre sí, y ahí aparece una tensión estructural.
El Poder Ejecutivo tiende a comunicar sus diferencias con otros poderes en clave de confrontación directa: cuestiona la legitimidad del Poder Judicial, apela a la ciudadanía como árbitro de disputas técnicas, y convierte diferencias presupuestarias o de criterio en relatos de buenos contra malos.
El Poder Legislativo y el Poder Judicial, por su parte, tienden a sostener un tono más institucional —mociones, votaciones, resoluciones—, aunque no están exentos de responder también con dureza cuando se sienten atacados.
Ese contraste de tonos importa más de lo que parece. Una democracia no se erosiona necesariamente porque alguien viole la ley; se erosiona cuando el lenguaje que deslegitima a otro poder del Estado se vuelve la forma habitual de hacer política, hasta que la ciudadanía deja de sorprenderse.
El populismo, entendido no como una etiqueta partidaria o ideológica, sino como un estilo de ejercer el poder, no necesita derogar la Constitución para debilitarla: le basta con convencer a la gente de que las instituciones son el obstáculo, no la garantía. Lo que hace más compleja la lectura es que este desgaste convive con señales de fortaleza real: Costa Rica sigue produciendo agenda legislativa, sigue teniendo un sistema financiero relativamente estable, sigue atrayendo interés económico externo.
La institucionalidad no ha dejado de funcionar; ha empezado a funcionar bajo presión. Cada decisión de un poder del Estado corre el riesgo de ser leída, no según su mérito técnico, sino según de qué lado del conflicto político venga; esa es una forma silenciosa de desgaste: cuando ya no se discuten las decisiones, se discute la legitimidad de quien las toma.
El riesgo de fondo no es hipotético ni lejano. Las democracias no suelen colapsar de un día para otro; se acostumbran, paso a paso, a tolerar un nivel de confrontación entre poderes que antes habría sido excepcional.
Dado que Costa Rica conserva, hoy, los mecanismos institucionales que la distinguieron durante décadas en la región, lo que está en juego entonces no es si esos mecanismos existen, sino si la cultura política que los rodea sigue creyendo en ellos.
Esa es, con mayor precisión que cualquier titular de coyuntura, la verdadera pregunta sobre la salud democrática costarricense: no si las instituciones resisten, sino si deliberadamente hay quienes no quieren que resistan.
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