Derogatoria de la Ley de Imprenta que contemplaba penas de cárcel para periodistas
Costa Rica dio recientemente un paso histórico para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. La Asamblea Legislativa aprobó la derogatoria de los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta, una normativa que databa del año 1902 y que todavía contemplaba penas de cárcel para periodistas.
Aunque pueda parecer sorprendente, durante más de un siglo la legislación costarricense mantuvo vigente la posibilidad de imponer arresto —de uno a 120 días— a comunicadores, editores y responsables de medios por delitos contra el honor, como calumnia o injuria cometidas mediante publicaciones. Además, estas normas también sancionaban contenidos que pudieran afectar las relaciones del país con otros Estados, lo que abría la puerta a interpretaciones sesgadas guiadas a partir de intereses particulares.
La eliminación de estas disposiciones responde a un proceso largo. Desde hace años, organismos internacionales habían señalado que estas sanciones eran incompatibles con los estándares democráticos modernos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ya había advertido que la penalización de la expresión periodística generaba un “efecto inhibidor” sobre la prensa y recomendó sustituir las sanciones penales por mecanismos civiles proporcionales.
En términos sencillos, ¿qué significa esto? Que la controversia por publicaciones periodísticas que podrían interpretarse que dañan el honor de no desaparece, pero dejan de resolverse con cárcel. A partir de ahora, las eventuales disputas se tramitarán por la vía civil, como ocurre en muchas democracias consolidadas.
¿Por qué es importante este cambio? Porque la amenaza de prisión puede convertirse en una herramienta de intimidación. Incluso si nunca se aplica, su sola existencia puede generar autocensura, miedo o presión sobre quienes investigan, opinan o publican información de interés público.
Diversos sectores académicos y profesionales habían señalado que mantener estas normas era incompatible con una prensa libre y democrática, y que su derogatoria constituye una garantía para fortalecer el debate público.
Escuchemos a Juan Ramón Rojas Porras, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación.
Con esta decisión, Costa Rica elimina una norma considerada obsoleta y reafirma su compromiso con la libertad de expresión. En democracia, una prensa crítica no es un problema: es una condición esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
En pocas palabras, este cambio legal no solo protege a los periodistas: fortalece el derecho de toda la sociedad a informarse
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