Cada pupitre vacío pesa en el país, en las familias y en cada uno de nosotros
Hace más de una década, cuando presidí la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, levanté la voz sobre una realidad que nos sigue golpeando año tras año: la exclusión escolar. En ese momento, advertíamos que por cada estudiante que abandonaba las aulas, el país perdía entre uno y dos millones de colones en inversión educativa. Hoy, ese problema persiste y se agrava con nuevas amenazas.
Cada año, tras las vacaciones de medio periodo, miles de niños, niñas y adolescentes no regresan a clases. En aquel entonces, me refiero al 2013 fueron 13.826 estudiantes los que se sumaron a la condición de exclusión escolar y el año pasado la cifra fue de 14 663, según el MEP. En aquel entonces, hablábamos de factores como el bullying, la falta de motivación o el escaso estímulo en el hogar. Fue por eso que, desde mi gestión en el Ministerio de Educación Pública, impulsé la creación de la Dirección de Contraloría de Derechos Estudiantiles; con el fin de atender denuncias y proteger a nuestros estudiantes.
Hoy, los motivos siguen siendo la falta de motivación que hay a lo interno de las aulas, el poco estímulo en el hogar y todos los tipos de agresión, en grado mayor, porque ahora sumamos el ciberbullyng. Aunado a esto, el gran peligro que trae la exclusión escolar es la captación de adolescentes por parte del narcotráfico.
Jóvenes que cambian sus libros por un arma, sus sueños por dinero fácil, y su vida escolar por una que, muchas veces, termina en violencia o muerte. Algunos se convierten en sicarios, vendedores, víctimas. Las aulas vacías se llenan, pero se llenan de silencio, de ausencias, de historias truncadas.
Esta situación no solo tiene un alto costo social y humano; también representa una pérdida económica directa. Según datos de la UNESCO, Costa Rica fue, durante años, uno de los países con mayor inversión por estudiante en América Latina: ₡1.3 millones anuales en preescolar, ₡1.5 millones en primaria y ₡2 millones en secundaria. En 2015, destinábamos el 7.36% del PIB a educación; hoy, esa inversión ha caído considerablemente al 4.98, pero las cifras siguen causando preocupación, porque cada pupitre vacío tiene un costo millonario para el Estado y por supuesto, para cada uno de los ciudadanos. Sin contar, la inversión que cada familia hizo en uniformes, útiles, transporte, tiempo y más.
Ya no sabemos con exactitud cuánto se invierte por estudiante, porque el presupuesto ha sido recortado año tras año. Pero lo que sí sabemos es que cada estudiante que abandona la educación es una oportunidad perdida para el país, una herida para las familias y una factura que toda la sociedad termina pagando.
Por eso, hoy más que nunca, es urgente que desde los centros educativos se actúe: que se monitoree el ausentismo, que se llame a los hogares, que se visiten comunidades, que se activen rutas de denuncia ante el PANI cuando sea necesario. Y que desde los hogares, madres, padres y encargados no permitan que sus hijos e hijas cambien el cuaderno por el trabajo informal o, peor aún, por las redes del crimen. La escuela sigue siendo el lugar más seguro para nuestra niñez y adolescencia. Y como país, debemos garantizarles el derecho a estar ahí.
Porque cada pupitre vacío pesa. Pesa en el alma, en la economía, en la sociedad y en el futuro que estamos dejando ir.
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