Análisis criminológico sobre el poder, la estigmatización y la prevención
“La libertad consiste en que la ley sea superior a todos.” Aristóteles
Esa afirmación, formulada hace más de dos mil años, conserva plena vigencia en las sociedades modernas. Desde una perspectiva criminológica, nos recuerda que la verdadera fortaleza de un Estado no reside en la personalidad de quienes ejercen el poder, sino en la capacidad de sus instituciones para garantizar que la ley prevalezca sobre las emociones, los prejuicios y las circunstancias particulares.
A lo largo de la historia, diversos estudios han evidenciado que el poder constituye una herramienta que puede utilizarse para construir o para dañar. Cuando una persona investida de autoridad no ha desarrollado suficiente autocontrol, inteligencia emocional o conciencia de las consecuencias de sus actos y palabras, existe el riesgo de que el ejercicio de esa autoridad se desvíe de su propósito fundamental: servir al bien común. Por ello, los sistemas democráticos han establecido contrapesos institucionales destinados a limitar los excesos y proteger los derechos fundamentales.
Desde la criminología, el lenguaje empleado por las autoridades también merece atención. Las palabras no son simples expresiones; influyen en la percepción social, fortalecen o debilitan la confianza institucional y contribuyen a moldear la manera en que la ciudadanía comprende la justicia. Cuando se recurre a expresiones despectivas o estigmatizantes dirigidas a cualquier grupo de personas, incluso a quienes han infringido la ley, se corre el riesgo de sustituir la objetividad por la etiqueta y el análisis por el prejuicio.
Las teorías del etiquetamiento han señalado durante décadas que la estigmatización puede generar consecuencias negativas tanto para los individuos como para la sociedad. Reconocer la responsabilidad penal de una persona no implica desconocer su condición humana. La sanción impuesta por los tribunales cumple una función legal y social, pero no debería transformarse en un instrumento de humillación o degradación. Una justicia sólida mantiene el equilibrio entre la firmeza y el respeto a la dignidad humana.
Así mismo, la experiencia criminológica demuestra que muchas manifestaciones de violencia tienen orígenes complejos. Sin justificar conductas delictivas, es posible reconocer que factores como la exclusión social, la violencia intrafamiliar, la victimización previa o la falta de oportunidades pueden influir en determinadas trayectorias criminales. Comprender estos factores no significa eximir responsabilidades, sino fortalecer las estrategias de prevención.
En última instancia, la seguridad ciudadana no se construye mediante frases impactantes ni mediante la descalificación de las personas, se construye mediante instituciones fuertes, prevención efectiva, respeto a los derechos humanos y aplicación rigurosa de la ley.
Como enseñó Aristóteles, la libertad solo puede existir cuando la ley es superior a todos. Allí radica nuestro mayor poder colectivo: no en la fuerza de los discursos, sino en la fortaleza del Estado de Derecho.
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