Independencia Judicial
La independencia judicial no es un privilegio de quienes trabajan en el Poder Judicial. Es una garantía para toda la ciudadanía.
Significa que los casos deben resolverse sin temor, presiones ni interferencias de ningún tipo.
Juezas y jueces cumplen una función esencial: resolver los conflictos que llegan a los tribunales con apego a la Constitución y a la ley, de manera objetiva, imparcial e independiente.
Y hay algo muy importante: un juez o una jueza no recibe órdenes sobre cómo resolver un caso.
Ni el presidente de la Corte, ni las magistraturas de las Salas, ni ninguna otra autoridad judicial puede indicarles qué decisión tomar.
Cada caso debe resolverse a partir de la ley, de las pruebas y de la información que haya sido incorporada legalmente al proceso.
No a partir de presiones, intereses o instrucciones externas.
Pero independencia no significa ausencia de controles.
Las decisiones judiciales pueden ser impugnadas y revisadas por tribunales superiores. Además, las personas funcionarias judiciales están sujetas a mecanismos de control, al régimen disciplinario y a la fiscalización de la Auditoría Interna.
Es decir, independencia y rendición de cuentas no son conceptos opuestos. Son parte de un mismo sistema de justicia.
Una persona juzgadora independiente puede decidir conforme al derecho, incluso cuando su decisión no sea popular o no satisfaga a alguna de las partes.
Y eso nos protege a todas las personas.
Por eso, defender la independencia judicial es defender una justicia imparcial, pero también defender la democracia.
Sin jueces independientes no hay justicia independiente. Y sin justicia independiente, no hay democracia.
Poder Judicial: fortaleza de nuestra Democracia
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