Situación de la libertad de prensa en Costa Rica: un deterioro que se profundiza
La situación de la libertad de prensa en Costa Rica atraviesa un proceso de deterioro que merece especial atención. Durante décadas, el país fue considerado una excepción democrática en Centroamérica, con instituciones sólidas, respeto por las libertades públicas y condiciones favorables para que la prensa pudiera fiscalizar al poder. Sin embargo, en los últimos años esa tradición se ha visto erosionada por una creciente confrontación desde el Poder Ejecutivo hacia los medios y periodistas independientes. Lejos de revertirse, las señales más recientes indican que esta tendencia continúa bajo el nuevo gobierno.
El problema no se limita a las críticas legítimas que cualquier gobierno puede formular frente a la cobertura periodística. Se ha instalado un clima más amplio de hostilidad y deslegitimación de la prensa, acompañado por obstáculos al acceso a la información y acciones estatales que pueden afectar la capacidad de los medios para cumplir su función fiscalizadora. La SIP ha documentado un patrón que incluye ataques públicos contra periodistas, restricciones informativas, presiones mediante instituciones estatales y cuestionamientos sistemáticos a la credibilidad de medios críticos.
Los hechos recientes generan preocupación sobre la continuidad y profundización de ese escenario. En agosto, el gobierno de la presidenta Laura Fernández emitió un decreto que declara secreto de Estado una extensa gama de información vinculada con organismos de inteligencia y seguridad. La reserva alcanza no solo información operativa sensible, sino también presupuestos, gastos, contrataciones públicas, documentos, reuniones y acuerdos. Una clasificación de semejante amplitud puede dificultar seriamente la investigación periodística de asuntos de evidente interés público y debilitar mecanismos esenciales de transparencia y rendición de cuentas. La SIP ha advertido, además, sobre el carácter indefinido de ciertas obligaciones de confidencialidad y sobre la necesidad de que cualquier restricción responda a criterios estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Este nuevo episodio se suma a un período marcado por agresiones a periodistas durante coberturas, destrucción de equipos por agentes policiales y fuertes tensiones entre el Ejecutivo y las instituciones llamadas a proteger derechos fundamentales. Al mismo tiempo, la Sala Constitucional ha desempeñado un papel particularmente importante como contrapeso, con decisiones en defensa de la libertad de expresión, el pluralismo informativo y el interés público.
Costa Rica conserva instituciones democráticas capaces de ejercer controles y una prensa activa e independiente. Precisamente por ello resulta indispensable preservar esas fortalezas. Normalizar la estigmatización de periodistas, restringir excesivamente la información pública o utilizar las estructuras estatales de manera que obstaculicen el escrutinio periodístico supone un retroceso para una democracia históricamente reconocida por sus libertades.
Los comentarios están cerrados.