Análisis de la resolución de la Sala Constitucional que anuló la licitación de frecuencias de radio y televisión 3ra parte
Varios expertos en derecho concuerdan en que la anulación de la licitación de frecuencias, por medio de una sentencia de la Sala Constitucional, no significa que el Ejecutivo deba renunciar a realizar un nuevo concurso. Por el contrario, la misma Sala establece varios criterios que deberán incorporarse en cualquier procedimiento futuro para garantizar el respeto de los principios constitucionales.
El abogado especialista en telecomunicaciones Juan Manuel Campos Ávila explicó que la próxima licitación debería superar un modelo basado exclusivamente en la mayor oferta económica y en la diversidad informativa.
Otro aspecto destacado es la necesidad de elaborar estudios basados en la realidad costarricense. Según los expositores, cualquier análisis técnico deberá considerar las características geográficas, económicas y sociales del país,
Giovanny Delgado Castro, abogado y proponente del Recurso de Amparo que acogió la Sala Constitucional, añadió que uno de los principales cuestionamientos al proceso anulado fue precisamente que muchos de sus requisitos resultaban difíciles de cumplir para operadores regionales o de menor tamaño, reduciendo así las posibilidades de participación.
Los expertos coinciden en que la futura licitación deberá equilibrar la eficiencia administrativa con la protección del pluralismo informativo. En otras palabras, el objetivo no será únicamente asignar frecuencias, sino hacerlo de manera que la ciudadanía continúe teniendo acceso a una oferta amplia, diversa e inclusiva de medios de comunicación.
Ese será, precisamente, uno de los principales retos que enfrentará el Gobierno costarricense: diseñar un concurso que combine eficiencia, transparencia y competencia, sin dejar de proteger el pluralismo informativo y la libertad de expresión que la Constitución garantiza.
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