Objetivos del desarrollo sostenible, justificación de puestos y mala imagen…
Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas abarcan temas tan diversos como la erradicación de la pobreza, el hambre cero, la educación de calidad, la salud, el acceso al agua potable, el trabajo decente, la protección del ambiente, la paz y el fortalecimiento de las instituciones. Son metas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas y orientar los esfuerzos de cooperación internacional.
Sin embargo, en lugar de debatir con seriedad sus alcances o limitaciones, resulta más sencillo convertirlos en blanco de discursos populistas que reducen toda la agenda a la discusión sobre la llamada «ideología de género», que por cierto, no tiene nada que ver con el objetivo de igualdad de género allí consignado. Esa simplificación no solo distorsiona el contenido de los ODS, sino que además desvía la atención de asuntos mucho más relevantes.
Cuando para justificar el aparente pago de un favor político con un puesto, se recurre a la descalificación imprudente de compromisos que el país suscribió ante un organismo como la ONU, nos hace caer en el ridículo internacional y mandamos señales de ignorancia diplomática, nos muestra débiles y hasta cínicos.
Cuando un puesto de enorme responsabilidad internacional se asigna a una persona cuya principal credencial, según lo parece, es haber financiado una campaña política y no una trayectoria diplomática o técnica demostrada, el mensaje es devastador para la institucionalidad del país.
Costa Rica ha construido durante décadas una reputación internacional basada en el profesionalismo de su servicio exterior, en la defensa del derecho internacional y en el prestigio de sus representantes. Convertir esas posiciones en recompensas políticas erosiona ese capital y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
El problema no es una persona en particular, sino una práctica que ha acompañado a distintos gobiernos y que normaliza la idea de que la lealtad política pesa más que la preparación profesional y experiencia probada. El Estado pierde cuando los nombramientos responden a compromisos electorales en lugar de al mérito y la experiencia y pierde más cuando con torpeza se justifica ese actuar descalificando compromisos de alto impacto.
La discusión pública debería concentrarse en exigir transparencia, idoneidad y excelencia para quienes representan al país ante el mundo, en vez de alimentar polémicas ideológicas que solo sirven para distraer la atención. La mejor defensa de la democracia no es el populismo, sino el respeto por las instituciones y por el principio fundamental de que los cargos públicos deben servir al interés nacional y no al pago de deudas políticas.
En un mes, hemos sido ya testigos de tres declaraciones imprudentes que nos dejan mal vistos en la esfera internacional. Ojalá llegue cuanto antes, la razón y el cauce hacia la humildad y la sabiduría…
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