Las leyes no se improvisan: La calidad legislativa también es una forma de gobernar
La presentación de proyectos de ley constituye uno de los actos más serios y trascendentes dentro de una democracia constitucional. No se trata únicamente de anunciar reformas llamativas ni de formular propuestas que generen titulares de prensa. Legislar implica construir normas técnicamente sólidas, jurídicamente coherentes y constitucionalmente viables.
Por ello, resulta preocupante que algunos de los proyectos anunciados recientemente por Casa Presidencial evidencien, desde sus publicaciones preliminares, importantes deficiencias de redacción, estructura y técnica legislativa. La calidad formal de un texto normativo no es un asunto menor ni un simple detalle académico; constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar seguridad jurídica, certeza normativa y respeto al Estado de Derecho.
Una ley no puede limitarse a expresar una intención política o una consigna de campaña. Debe integrarse armónicamente al ordenamiento jurídico existente, respetar la jerarquía normativa, guardar congruencia con la Constitución Política y ser compatible con los principios fundamentales que rigen nuestro sistema democrático. Cuando estos elementos son ignorados, el resultado suele ser previsible: proyectos que fracasan en la Asamblea Legislativa, textos que requieren numerosas correcciones mediante mociones o textos sustitutivos, o incluso normas que terminan siendo declaradas inconstitucionales.
La experiencia legislativa demuestra que la improvisación rara vez produce buenas leyes. Las iniciativas que nacen sin el debido estudio técnico, sin análisis de constitucionalidad y sin una adecuada depuración jurídica suelen convertirse en fuentes de conflictos interpretativos, litigios innecesarios y frustración ciudadana.
Lo anterior no significa que todas las propuestas deban ser descartadas. Algunas contienen planteamientos que podrían generar discusiones valiosas y eventualmente traducirse en reformas positivas para el país. Sin embargo, para que ello ocurra será indispensable someterlas a un riguroso proceso de revisión técnica, escuchar a los especialistas, atender las observaciones constitucionales y corregir las debilidades que hoy resultan evidentes.
Costa Rica necesita reformas de calidad, no simples anuncios. El país requiere leyes bien pensadas, bien redactadas y jurídicamente sostenibles. Gobernar también implica respetar la técnica legislativa, porque una democracia sólida no se construye únicamente con buenas intenciones, sino con normas capaces de resistir el escrutinio constitucional, político y jurídico.
Las leyes son instrumentos de transformación social, pero también son piezas de ingeniería jurídica. Cuando esa ingeniería falla, las consecuencias las termina pagando toda la ciudadanía. Por eso, más que velocidad, el país necesita rigor; más que propaganda, necesita calidad normativa.
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