La independencia judicial lo protege a usted
La independencia judicial no protege la comodidad de jueces, fiscales o magistrados. Lo protege a usted. Garantiza que nadie quede a merced del capricho, del abuso o de la fuerza. Cuando la justicia se somete, la libertad retrocede. Con esta convicción iniciamos el Año Judicial 2026 y conmemoramos el bicentenario del Poder Judicial de Costa Rica.
Vivimos una hora exigente para la República. Y la pregunta es inevitable: ¿qué debemos preservar y qué debemos cambiar para que la justicia siga siendo garantía de libertad?
Sería impropio desconocer la inquietud que recorre al país. También lo sería restarle gravedad al dolor de las víctimas, al riesgo que asumen quienes patrullan nuestras calles y carreteras, y al reclamo legítimo de una justicia más pronta y capaz de proteger a la sociedad costarricense.
Defender esa independencia no equivale a reclamar indulgencia frente a la crítica. Equivale, más bien, a aceptar una exigencia mayor. El país tiene derecho a pedir una justicia más pronta, clara y eficaz frente al crimen organizado, la corrupción y la violencia. Y también tiene derecho a conocer que esa exigencia recae sobre una institución que opera con capacidades limitadas, restricciones presupuestarias, carencias de personal y una presión creciente derivada del aumento y la sofisticación de la conflictividad penal.
Aun así, el Poder Judicial ha seguido respondiendo. Entre 2022 y 2025, mientras el ingreso de casos nuevos aumentó en más de 55 mil asuntos, la institución incrementó en 16% los casos terminados y redujo el rezago judicial en casi 23 mil expedientes.
Además, el trabajo conjunto de jueces, fiscales y la policía judicial ha contribuido a contener la tasa de asesinatos, lo que permite proyectar para este 2026 un descenso en los homicidios gracias a acciones sostenidas con el crimen organizado.
Sin embargo, no podemos ignorar que la arquitectura procesal penal con la que Costa Rica enfrenta hoy el crimen fue concebida para un país menos violento, menos digital y menos penetrado por redes criminales complejas. Por esto resulta indispensable reformar el Código Procesal Penal: para cerrar espacios a tácticas dilatorias, robustecer la capacidad de respuesta del Estado y preservar, al mismo tiempo, las garantías que distinguen a una democracia del mero ejercicio de la fuerza.
Lo que ocurra con el Poder Judicial no es un asunto gremial. Es una cuestión de interés nacional que toda la sociedad costarricense debe tomarse en serio. Porque cuando se debilita la justicia, pierde la víctima, pierde la actividad económica, pierde la comunidad. Pierde la libertad de todos.
En el Poder Judicial vamos a seguir trabajando, corrigiendo y mejorando. Somos autocríticos y tenemos claro a quién servimos: a usted, a su familia, a su comunidad, a cada persona de este país.
Pero esto no es tarea de una sola institución. Es momento de cerrar filas. De trabajar juntos —instituciones y sociedad— para blindar a Costa Rica y hacerla un mejor.
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