El país confronta gravísimos problemas.

Quizás los mayores desde que tengo uso de razón. El desbalance fiscal obligará al país a grandes cambios estructurales en el campo del estado y sus instituciones. No es un proceso fácil ni puede hacerse de manera rápida. Solamente prescindir del 80% de los funcionarios que en Japdeva deben de despedirse tiene un costo en cesantía de treinta mil millones de colones. Una suma astronómica de la que el estado carece en estos momentos, pero conservar a todo el personal institucional costará dos mil quinientos millones mensuales para que estos no hagan nada de nada.


El déficit fiscal es enorme y el financiamiento, a través de impuestos, acaso llega al 47% del presupuesto nacional. O sea cerca del 53% del mismo se financia y refinancia a través de onerosos préstamos, que asfixian al país en su amortización y el pago de los intereses a bancos. El 43% del presupuesto se destina a servicio de la deuda pública.


Las empresas privadas que son quienes generan riqueza, empleo privado, pagan cargas sociales e impuesto sobre la renta y son colectores del impuesto de ventas y a partir del primero de este primero de julio del IVA.  Están cerrando sus puertas por docenas cada día. A éstas, a las que se acosó por ser supuestamente defraudadoras y ahora con urgencia se les necesita, para que cumplan con su alta función económica y social. El país las cargó de trámites, permisos, impuestos, regulaciones y les creó un ambiente nefasto. Tan buenas que eran dicen los despedidos. Tan útiles que eran dicen los ciudadanos. Tan buenas generadoras de impuestos señalan los expertos en Hacienda. Lo cierto es que la politiquería podría haber matado a la “gallina de los huevos de oro”.


Las pensiones de privilegio con cargo al presupuesto llegan a ser cerca del 2% del Producto Interno Bruto. Las transferencias a universidades y otras autonomías se hacen sobre la base de deudas y más deudas. Las reformas no fueron suficientes.


La economía lejos de crecer se contrae en el empleo. Ya cerca de trescientas mil personas carecen de trabajo y de sustento. Muchas empresas están despidiendo funcionarios cada día para aligerar sus costos.

Las instituciones del estado enfrentan graves resultados que hacen pensar en escenarios oscuros. El ICE, en otro momento un buque insignia de nuestras instituciones, no deja de perder dinero en sumas incomprensibles. Proyectos se cierran, empresas absorbidas se someten a escrutinio por su inhabilidad de producir y el alto costo de adquisición de las mismas. Los últimos grandes proyectos se han sobregirado de sus presupuestos de manera muy grave lo que hace pensar que esa presupuestación no fue bien hecha, que elementos no fueron considerados o que son resabios del pasado en el cual se hacían las cosas a cualquier costo. Los costos del ICE pesan sobre la productividad del país y en momentos de grave necesidad de competir son un factor ominoso en nuestro horizonte.


El problema económico es gravísimo y el social es una bomba, que ya su espoleta se ha desprendido. Todos debemos correr para evitar que explote.

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