Los desplantes del presidente
La forma desmedida, constante y hasta torpe del presidente Rodrigo Chaves por desacreditar a las instituciones públicas, sobre todo aquellas que cumplen un rol de control político, evidencian su impertinencia y su actitud confrontativa o provocativa, incluyendo una buena dosis de desfachatez e ignorancia. Recientemente, en una entrevista a un medio de comunicación, el periodista le consultó cuál era la alternativa al marco legal e institucional y el Presidente le respondió que el pueblo. Esta verdad de Perogrullo del señor Chaves es la típica respuesta de los populistas que muchísimo daño han ocasionado a lo largo de la historia en varios países.
La democracia es un sistema o un régimen político donde, ciertamente, la titularidad del poder la ejerce el pueblo, pero no puede ignorar el Presidente Chaves –ni nadie- que dicha titularidad se ejerce a través de mecanismos institucionales. Decir que la alternativa a las leyes y a las instituciones es el pueblo, es la forma más inverosímil de cualquier persona para desafiar -tercamente- el orden constitucional del país, sobre todo cuando reina el interés de cambiarlo y de ajustarlo a sus propósitos particulares. Los desplantes del Presidente demuestran un alto nivel de conflictividad y de beligerancia -por demás enfermizos- que ponen en riesgo la democracia costarricense.
En el marco de la democracia contemporánea, la pluralidad de ideas constituye un elemento fundamental del sistema político que se traduce en libertad, igualdad, justicia social, fraternidad, participación y ante todo respeto hacia los demás.
En dicho contexto es válido reflexionar sobre el estado actual del ordenamiento jurídico e institucional del país y procurar mejorarlos para la convivencia pacífica de la sociedad; sin embargo, despotricar contra todo ello -como lo hace el Presidente- es un acto desconsiderado y a la vez temerario que está siendo pasado por alto por algún sector de la ciudadanía, lo cual es aún más peligroso porque se vuelve cómplice de los desplantes del Presidente de la República.
La ciudadanía debe tener claro que la Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico costarricense, puesto que en ella se determinan aspectos tan relevantes como las bases de la institucionalidad, los derechos y garantías de las personas, la estructura política del país, su funcionamiento, los órganos de poder, sus atribuciones y las relaciones entre ellos, así como los sistemas para resguardar la supremacía constitucional, entre otros elementos básicos que configuran la estructura del Estado.
Obviamente no es perfecta, pero los ajustes que requiera ameritan espacios de diálogo y negociación, no desplantes, ni pleitos, ni insolencias. La vocalización fuerte no siempre evoca educación y mucho menos respeto.
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