Las contrataciones administrativas son la solución y el problema es la corrupción

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Las contrataciones administrativas son la solución y el problema es la corrupción
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Tardó en salir el escándalo de la “Cochinilla” para que el oportunismo politiquero apareciera y no faltó quien dijera a partir de sus ideologías trasnochadas, que el problema es la contratación de obra pública por medio de la empresa privada, cuando el frío no está en las cobijas. El problema no son las contrataciones administrativas sino cómo se dan esas contrataciones administrativas.

Muchos países desarrollados optaron por el modelo de permitir la participación de la empresa privada en las contrataciones para construir obra pública, y se lograron construir grandes obras a lo largo y ancho del mundo desarrollado.

El problema entonces no es la figura de la contratación administrativa en sí, sino de la falta de ética de los funcionarios y empresarios corruptos. La tramitomanía que entorpece con papeleo excesivo el otorgamiento de los permisos y la falta de ética de los empresarios corruptos, que sobornan a los funcionarios que sin vergüenza se venden al mejor postor, por un plato de lentejas o de lomito, dependiendo del caso,.

Si en Costa Rica existe corrupción en la contratación administrativa, no es por el hecho de que el Estado contrate a la empresa privada para que construya obras públicas, sino por la cultura de corrupción que engloba al país, reflejada en cosas tan sencillas como brincarse la fila, pagar mordida al oficial de tránsito para que no lo multen, pedir ayudas al IMAS cuando no se necesita y un sinfín de conductas que concretan y perpetúan la corrupción.

Al emplear los servicios de la empresa privada para contratar, en contrataciones administrativas honestas, el Estado se ahorraría grandes cantidades de dinero, empezando por la agilidad que existe en la empresa privada y no tener que pagar cargas y pluses salariales, los cuales, sin lugar a dudas, encarecen el costo de la mano de obra.

La Contraloría General de la República tiene la obligación de revisar las contrataciones administrativas, dar trámite a los recursos y a las denuncias presentadas, porque la evidencia práctica nos dice que la corrupción es rampante y campante en temas de contratación administrativa; el problema no es solo de los empresarios que pagan sobornos, sino de los funcionarios que los aceptan.

Si no fuera por medio de la contratación privada, la Administración Pública no cumpliría con sus fines, para muestra se puede ver la eficiencia entre los EBAIS administrados por cooperativas en comparación con la ineficiencia en los manejados por la Caja.

La contratación administrativa es la solución, no el problema, lo que sí debe hacerse es perseguir y castigar a los corruptos que pudren al sistema, pero debe ser parejo, pues tanto debe ir a la cárcel el empresario pagador de sobornos como el funcionario que los acepta.

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