La seguridad sigue siendo el problema de mayor preocupación
El 30 de mayo de 2023 el Presidente Rodrigo Chavés firmó la ley 10.369 contra el crimen organizado que modernizó la jurisdicción especializada de atender las acciones de la delinccuencia organizada. Sin embagro, la violencia de este grupo delincuencial no se frenó con esta nueva legislación.
El nivel de criminalidad persistió y el 2023 cerró con 903 homicidios. Por lo tanto, es evidente que la citada ley no fue suficiente para luchar el clima de violencia generalizada que se vive en nuestro país.
A principios del mes de octubre del año pasado, se reunieron los jerarcas de los tres poderes de la República e identificaron 25 proyectos de ley que pueden ser de utilidad para combatir la ola de violencia e inseguridad que afecta a Costa Rica.
Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública,ha reconocido que, hace 10 años, los grupos ligados a la violencia organizada no pasaban de 35, pero ese número aumentó a 240 en la actualidad e, inclusive, núnero que podría llegar a 340 tomando en cuenta otro tipo de organizaciones.
El presiente Chaves afirma que el gobierno está haciendo lo propio para luchar contra el clima de violencia, que no da tregua en el país pero que las soluciones ante la ola de violencia ya están en manos de la Asamblea Legislativa. El presidente Chaves dijo que en la Asamblea Legislativa pareciera haber un “montón de defensores de sicarios”. Esto como reclamo por la falta de apoyo a las iniciativas de ley presentadas por el gobierno en materia de seguridad y el lento avance de las propuestas consensuadas por los supremos poderes.
La reacción de algunos diputados no se hizo esperar. Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista,PLP, y Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, según fuentes periodísticas, exigieron a Chaves presentar pruebas con nombres y apellidos e incluso llevar el caso, si tiene evidencias, al Ministerio Público. Los legisladores argumentaron que el atraso era porque algunas de las iniciativas contenían vicios de inconstitucionalidad.
El expediente 23.690 es el único propuesto por el gobierno que llegó hasta el plenario legislativo. La iniciativa permitiría la intervención de comunicaciones no solo por telefonía fija, móvil, inalámbrica, digital, sino también “por cualquier otro medio tecnológico”. Fue eliminada la parte que habría permitido la intervención por parte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, los diputados dictaminaron afirmativamente el resto del proyecto de reforma a las escuchas telefónicas.
Lo cierto es que la sseguridad ciudadana sigue siendo el problema que más preocupa a los ticos, junto con el empleo y la corrupción. Estos tres flagelos están íntimamente relacionados, es hora de actuar según la conveniencia nacional.
No bastan las cansinas habladas de unos contra los otros y viceversa, ni más promesas, ni darle tiempo al tiempo, si no se actúa ya para frenar la violencia en nuestro país, después mucho lo vamos a lamentar.
El movimiento se demuestra andando y no hablando…
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