La jurisdicción constitucional, una conquista de la nación costarricense
El miércoles 27 de setiembre de 1989 marcó un antes y un después en el devenir de la nación costarricense. Ese día entró en funcionamiento la Sala Constitucional como una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia encargada de resolver las controversias jurídicas constitucionales, sea aquellos conflictos en los que se alega una amenaza grave, real y actual o violación de un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o un quebranto al principio de supremacía constitucional.
La existencia de la Sala Constitucional ha tenido un impacto positivo para el pueblo de Costa Rica y los extranjeros que viven con nosotros. Así lo pueden atestiguar miles de usuarios de sus servicios, a quienes se les ha restituido en el goce y el disfrute de un derecho fundamental que se le ha quebrantado, principalmente, por parte de las autoridades públicas. Pero la labor de la Sala no se ha limitado solo a este ámbito, sino que ha dictado sentencias que van más allá de lo nacional y han alcanzado una trascendencia internacional, por citar solo algunos ejemplos: las resoluciones que han protegido la libertad de prensa, entre otras: el derecho de los periodistas a no revelar la fuente, la consagración de la paz como un derecho fundamental de los habitantes de la república, la sentencia del debido proceso, el derecho a una muerte digna, la consagración del derecho a la salud como un derecho autónomo, la opinión consultiva sobre el principio del equilibrio financiero, etc. De ahí que no es de extrañar, que el tribunal constitucional costarricense goce de un reconocimiento internacional, y forme parte de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, mejor conocida como Comisión de Venecia, que es el órgano consultivo del Consejo de Europa responsable de brindar asesoría legal sobre cuestiones constitucionales que promuevan el pleno respeto a los derechos fundamentales entre sus Estados miembros, de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional y de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional.
La jurisdicción constitucional ha sido un factor determinante para que Costa Rica sea una democracia plena. Los componentes esenciales de la república, consagrados en la Constitución Política como principios cardinales, tienen una vigencia real. No son letra muerta, y deben estar presentes en el diseño, adopción y ejecución de las políticas públicas a cargo de los órganos y entes públicos, so pena de que sean declaradas contrarias al derecho de la constitución y, por consiguiente, anulados y expulsados del ordenamiento jurídico. Esta es una realidad irreversible, una conquista más de la nación costarricense, la que no solo debe ser preservada, sino mejorada por las actuales y futuras generaciones.
La Sala Constitucional fiel a su visión y misión continuará impartiendo justicia constitucional y, por ende, tutelando de manera efectiva los derechos fundamentales de los habitantes de la república y garantizando el principio de supremacía constitucional. Para los jueces y juezas constitucionales este es un compromiso inclaudicable.
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