Frenar una injusticia en la CCSS

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Frenar una injusticia en la CCSS
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El país aún tiene asignaturas pendientes por resolver en el tema de la seguridad social. Una de ellas tiene que ver con los montos desiguales que deben pagar los trabajadores costarricenses para recibir atención en los centros médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Los asalariados le pagan a la institución un 9,5% de su salario, mientras que los independientes e incluso los voluntarios llegan a cancelar hasta un máximo de 18,62%; es decir aportan casi el doble por recibir los mismos servicios. Esta situación obedece a una imprecisión en la ley constitutiva de la CCSS, que le otorga a su Junta Directiva la potestad de establecer aportes distintos para los trabajadores de manera discrecional.

Esta injusticia afecta a muchísimas personas. A junio del 2020, el total de asegurados sumaba 1.492.847 personas, de los cuales más de 300 mil corresponden a trabajadores independientes y voluntarios; o sea, este grupo representa un 20% de los cotizantes.

A fin de combatir esa inequidad, presenté el proyecto de “Ley de Igualdad de los Trabajadores ante la Seguridad Social”, el cual busca que todos los costarricenses le paguen el mismo porcentaje a la Caja, de acuerdo con su ingreso.

Esta iniciativa procura defender el principio de igualdad que está plasmado en la Constitución, pues es claro que la Caja establece diferencias entre los trabajadores, causándoles un enorme perjuicio económico a muchos de ellos. La institución goza de autonomía para administrar lo relacionado con los seguros sociales, pero esto no significa que puede pasarle por encima a nuestra Carta Magna.

También fortalecería a la Caja y ampliaría la cobertura del seguro social entre los costarricenses, ya que con esta reforma más trabajadores que se encuentran en el sector informal se podrán asegurar. Así, se ampliaría la base de cotizantes, formalizando un sector económico muy importante.

En el 2020, un 47,1% de la población ocupada tenía un empleo en el sector informal, en otras palabras, alrededor de un millón de personas; según los propios datos de Caja, cerca de 800 mil trabajadores que se encuentran en el sector informal no cotizan al régimen IVM.

Este es el momento oportuno para acabar con una injusticia que desincentiva la formalización en la Caja y golpea la salud financiera de muchas familias. Nueva República plantea este proyecto para hacer justicia, respetar la Constitución y promover una mayor cobertura.

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