El proceso electoral costarricense
Costa Rica se prepara para un nuevo proceso electoral mediante el cual la ciudadanía ejercerá su derecho constitucional del voto como fuente de legitimidad de los gobiernos desde 1953. Durante la mayor parte de la vida republicana se llevaron a cabo elecciones, no obstante, es a partir de la creación del Tribunal Supremo de Elecciones que el país se ha distinguido por la transparencia en los procesos y este hecho es fundamental porque resalta la credibilidad institucional como garante del sufragio. Por ello, es necesario insistir ante la opinión pública sobre la importancia que tienen para el país la realización de las elecciones libres, transparentes, democráticas y en manos de la ciudadanía; reconociéndose el hecho trascendental de que junto al sufragio la democracia se consolida en la medida en que también se respeten las funciones de los demás poderes del Estado, así como la libertad de prensa y el cumplimiento del Estado Social de Derecho.
La existencia de elecciones libres, transparentes y equitativas constituyen los medios más adecuados para cumplir los fines de una democracia política efectiva y en tal sentido la ciudadanía debe tener muy claro que su decisión es clave para elegir personas idóneas en los puestos de elección popular.
Uno de los más importantes propósitos de la democracia es prevenir, dentro de lo posible, el abuso de poder por parte de los gobernantes frente al resto de la ciudadanía.
El poder ciudadano se manifiesta en primera instancia a través del sufragio brindando legitimidad a sus autoridades. Si la ciudadanía renuncia a este derecho, por el motivo que fuera, la democracia se debilita y se desvirtúa su funcionamiento esencial.
En ese escenario las personas tienen dos grandes responsabilidades, una antes de elegir y otra después de haberlo hecho. La primera gran responsabilidad del votante es investigar el historial de vida y la conducta moral de los candidatos para evitar que personas inescrupulosas lleguen al poder. La segunda gran responsabilidad es asumir una posición vigilante y de exigencia para llamar a cuentas a los gobernantes y legisladores por sus actos en el desempeño de sus funciones.
El poder de legislar, de acuerdo con la Constitución Política costarricense radica en el pueblo, quien lo delega en los dipuados electos en las urnas electorales y éstos y el Presidente de la República se convierten en simples funcionarios públicos.
Una democracia eficaz no se limita única y exclusivamente al proceso electoral por lo que conviene que los costarricenses sean muy cautos en las elecciones de 2026, que su deber cívico prevalezca para que sean juiciosos a la hora de emitir sus votos y sobre todo para que no caigan en el juego perverso de los populistas que han ocasionado mucho daño en varios países, incluyendo a Costa Rica.
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