El gran problema de la lotería y las apuestas ilegales
Solo escuche este dato: La Junta de Protección Social está dejando de percibir casi un 50% de ingresos por la existencia de bancas ilegales de dudosa procedencia.
Este fenómeno no solo erosiona la recaudación que beneficia a cientos de organizaciones de bien social y hospitales públicos.
Existen pruebas suficientes para asegurar que las loterías clandestinas y las apuestas sin regulación han servido como vehículo para el lavado de dinero y el financiamiento de redes del crimen organizado.
Pongamos de ejemplo el llamado “Caso Tómbola”, la investigación que lleva a cabo el Organismo de Investigación Judicial, ha mostrado cómo criminales utilizan redes de venta de lotería ilegal para mover recursos, evadir controles estatales y fortalecer estructuras que están vinculadas a delitos graves, desde tráfico de drogas hasta legitimación de capitales y otras actividades ilícitas.
Frente a ese escenario, el proyecto de ley número 25.057 plantea una actualización integral de la normativa sobre loterías, apuestas y juegos de azar y el fortalecimiento de las competencias de la Junta de Protección Social.
El proyecto propone, entre otros puntos: Fortalecer las competencias exclusivas de la Junta para regular y supervisar loterías, apuestas y juegos de azar.
Modernizar el marco legal para incluir plataformas digitales, juegos electrónicos y operaciones en línea bajo títulos habilitantes y supervisión efectiva del Estado.
La iniciativa también busca sancionar penalmente la administración, financiamiento y comercialización de juegos ilegales, incluyendo penas de prisión y multas significativas. También proteger a poblaciones vulnerables, especialmente menores de edad, y promover el juego responsable.
Y asegurar que los recursos recaudados se destinen a fines sociales, como programas de salud, educación, atención a adultos mayores y otros servicios, y no a redes criminales.
La Junta ha reiterado que estos fondos son esenciales para atender a poblaciones vulnerables, incluyendo servicios a adolescentes madres, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como apoyo a hospitales públicos.
Escuchemos a Marcela Sánchez Quesada, asesora jurídica de la Junta de Protección Social
Recientemente la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa votó en contra del proyecto 25.057, con tres votos a favor y cinco en contra, lo que dejó al expediente con un dictamen negativo de mayoría. Aunque este resultado no descarta la iniciativa, sí debilita su tramitación política. El proyecto pasará ahora al Plenario Legislativo, donde los 57 diputados deberán decidir si lo retoman, lo modifican o lo archivan.
El debate cobra relevancia en un contexto donde el crimen organizado busca espacios que vulneren el orden legal, y donde la regulación de los juegos de azar puede ser una herramienta clave para proteger los recursos públicos destinados a fines sociales y cerrar canales de financiamiento de actividades ilegales.
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