El deber del periodista es preguntar, aunque incomode al poder
El principio fundamental que sostiene el ejercicio del periodismo en una sociedad democrática es la pregunta, y no debe verse, como un privilegio, es un deber ético y profesional.
Preguntar, repreguntar, cuestionar y buscar respuestas no es un capricho del profesional en periodismo, sino es la expresión más concreta del compromiso que tenemos con el interés público. Cuando se le impide al periodista cumplir con esa tarea, se violenta el derecho ciudadano a la información y se erosiona la democracia.
La reciente resolución de la Sala Constitucional de Costa Rica, emitida el 03 de junio es un llamado de atención en esa dirección. La Sala amparó a tres periodistas —David Bolaños Acuña, David Chavarría Hernández y Héctor Guzmán Suárez— ante hechos que constituyeron una violación a su libertad de prensa y al derecho de acceso a la información pública.
Los hechos son graves: durante una conferencia de prensa en julio de 2024, el presidente de la República interrumpió con gritos a un periodista que realizaba una pregunta legítima. Posteriormente, en otra actividad oficial, escoltas rodearon a dos comunicadores que intentaban repreguntar sobre el proyecto de ley de jornadas laborales 4×3. Incluso a uno de los periodistas se le apagó su micrófono, cuando señaló que no le habían respondido. Además, el Ministerio de la Presidencia se negó a entregar información pública solicitada, incumpliendo el mandato del artículo 30 de la Constitución Política.
Esta sentencia no solo ampara a los periodistas involucrados, sino que reafirma el principio de que el ejercicio periodístico tiene una función ética ineludible: preguntar lo que es de interés público, aunque esas preguntas incomoden al poder.
La pregunta periodística no es una ofensa ni una provocación, sino una obligación democrática. No hay transparencia sin preguntas, no hay rendición de cuentas sin periodistas que se atrevan a repreguntar y no hay periodismo digno sin la defensa activa del derecho a saber.
Pretender acallar a la prensa con micrófonos apagados o cercos de seguridad no solo es inaceptable: es inconstitucional. Así lo ha dicho la Sala Constitucional al declarar con lugar ambos recursos de amparo. Se trata de una victoria para el periodismo costarricense, pero también de una advertencia clara al poder político: la función pública debe ejercerse bajo el escrutinio permanente de una prensa libre, crítica y comprometida con el bien común.
En tiempos de desinformación y ataques a la institucionalidad, los periodistas tenemos la obligación ética de insistir, de no callar y de hacer las preguntas que la ciudadanía necesita que se respondan. Porque preguntar por lo público es servir al país. Y callar ante el poder no es neutralidad: es renunciar a la esencia del periodismo.
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